La renuncia de César Jáuregui a la fiscalía de Chihuahua no cierra el caso. Lo abre más. El escándalo por la presencia de presuntos agentes de la CIA en un operativo estatal, y la muerte de dos de ellos en un accidente, ya dejó de ser una nota policiaca para convertirse en una crisis política, diplomática e institucional.
Y aquí empieza lo interesante. Porque en México las renuncias rara vez explican algo. Casi siempre sirven para tapar algo, cortar una hemorragia o fabricar un responsable administrable. El fiscal se va, sí. Pero las preguntas se quedan sentadas en la sala, con una tranquilidad bastante incómoda. Quién autorizó. Quién sabía. Quién no informó. Quién coordinó. Quién decidió callar.
El gobierno federal encontró una bandera perfecta. La soberanía. Esa palabra solemne que en México se pronuncia con voz grave cuando el problema viene de afuera, pero se guarda en el cajón cuando el crimen organizado controla caminos, pueblos, economías regionales y gobiernos completos. Ahí la soberanía se vuelve tímida, letra muerta, un sueño aspiracionista, para usar aquel concepto tan criticado en el sexenio anterior. Sirve para reclamarle al extranjero, pero no siempre para proteger al ciudadano que vive atrapado bajo el poder real de los criminales.
El Senado, por su parte, no parece estar actuando como espacio de esclarecimiento técnico, sino como tribunal político. Quiere llamar a cuentas a Maru Campos, y por supuesto que debe haber explicaciones. Pero también hay que decirlo completo. En México la indignación institucional suele tener colores partidistas. No todos los escándalos reciben el mismo volumen moral.
Con Maru Campos el mensaje es duro. Con otros gobernadores, especialmente cuando pertenecen al partido en el poder, la prudencia se vuelve repentinamente virtud republicana. Qué casualidad tan elegante.
La gobernadora enfrenta un momento de alto riesgo. Si no explica bien, pierde. Si explica de más, puede comprometer información sensible. Si se esconde, la narrativa federal la aplasta. Si enfrenta, la acusan de soberbia. No es un escenario sencillo. Pero tampoco puede reducirse todo a una cacería política disfrazada de patriotismo.
Porque hay una realidad que todos los días cuesta vidas. Chihuahua, como muchas regiones del país, enfrenta estructuras criminales que no se combaten con discursos, comunicados solemnes ni arengas nacionalistas. Se combaten con inteligencia, coordinación, capacidad operativa, instituciones fuertes y cooperación internacional dentro de la ley.
Ese es el punto. La cooperación no es pecado. La improvisación sí. La coordinación con agencias extranjeras no debería escandalizar por sí misma. Lo escandaloso sería que ocurriera sin controles, sin autorización clara, sin ruta institucional y sin conocimiento de las autoridades competentes.
El gobierno federal tiene derecho a exigir explicaciones. Pero también tiene la obligación de no usar la soberanía como garrote político. Porque soberanía no es gritarle a Washington. Soberanía es controlar el territorio nacional. Soberanía es impedir que los criminales cobren piso. Soberanía es que una familia pueda circular por una carretera sin pedir permiso a un grupo armado.
La renuncia del fiscal sirve como primer costo político. Pero no alcanza. Ni para explicar el caso ni para absolver a nadie. Tampoco debería utilizarse como trofeo partidista. México necesita saber qué pasó. Pero también necesita madurez para entender algo elemental. La soberanía no se defiende con teatro legislativo. Se defiende gobernando. Y eso, por desgracia, sigue siendo lo más escaso.
Recomendar Nota
