Golpe de Estados Unidos a narcogobierno de Sinaloa cimbra a la 4T

La administración Trump aseguró contar con pruebas de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunió personalmente con los líderes de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, quienes lo apoyaron para ganar la elección de 2021 mediante acciones violentas como el secuestro de candidatos opositores, robo de urnas y amenazas de muerte a votantes a cambio de impunidad en sus operaciones de tráfico de drogas.

En un hecho inédito, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya, quien cuenta con fuero, por narcotráfico y encabezar una amplia red de protección institucional al Cártel de Sinaloa, a través de la facción integrada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, extraditado en 2023.

Las imputaciones de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York recibieron el aval de un Gran Jurado e incluyen a otras nueve personas: el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil -ambos del partido Morena-; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

Marco Antonio Almanza Avilés; exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía del estado; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Publica; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”; Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de la policía municipal de Culiacán.

El fiscal federal Jay Clayton aseguró que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.

“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, advirtió.

Los cargos contra el mandatario son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivo. Las penas van de 40 años de prisión a cadena perpetua

De acuerdo con el expediente número S9 23 Cr. 180, en múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa, pero prefirió apoyar a los primeros.

A cambio del apoyo y millones de dólares en sobornos, la red de gobernador morenista facilitó el tráfico de drogas del cártel hacia Estados Unidos, incluyendo grandes cantidades de fentanilo, cocaína heroína y metanfetamina.

Además de brindarles impunidad, se les dieron informes sobre operativos federales en su contra, incluso en los que había apoyo de inteligencia de EU, y se permitió que los hijos de “El Chapo” colocaran a funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local, así como en las corporaciones policiales, para que los protegieran de las autoridades y grupos rivales.

Reuniones permanentes con el narco

“En múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de "Los Chapitos" y otros líderes del cártel, en las que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel. Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cartel, armados con ametralladoras y otras armas.

“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, les ha permitido colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público”, señala el expediente del Cártel de Sinaloa.

La acusación señala que para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cartel se alió con políticos corruptos como el gobernador.

Sostiene que a principios de 2021 cuando el sinaloense estaba en campaña se reunió con Iván y Ovidio Guzmán, quienes le prometieron que ganaría las elecciones; también se reunió con Alfredo. Durante los encuentros, se entregó una lista de los candidatos opositores, quienes fueron obligados con secuestros y amenazas a retirarse de la elección.

Respecto al senador Inzunza Cázarez, refiere que fue secretario general de gobierno, cargo que aprovechó para reunirse también con "Los Chapitos" y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa a fin de realizar un intercambio de favores, entre estos que el grupo criminal los ayudara a “mantenerse en el poder”.

Fungió como enlace entre ellos y el gobernador, incluyendo la transmisión de comunicaciones.

El vicefiscal Castro Zaavedra habría recibido sobornos mensuales del cártel, como pago por haber protegido a sus líderes de ser detenidos, incluso de operativos en su contra con el apoyo de agencias de EU y de destrucción de narcolaboratorios.

Almanza Avilés facilitó órdenes de detención contra los enemigos de los hijos del "Chapo" Guzmán y les permitió que transportaran químicos utilizados en la producción de fentanilo.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que EU no entregó pruebas en contra de Rocha Moya y coacusados, especialistas señalaron que no es el momento de hacerlo.

Samuel González, consultor en seguridad y exasesor internacional de la ONU para temas de delitos y drogas, explicó que en estos casos existen dos etapas de acuerdo con el tratado bilateral de extradición. En la primera se la hace la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Posteriormente, viene la petición formal del gobierno estadounidense, que contempla un periodo de entre 40 y 60 días, una vez que la persona es detenida, pero en este caso la situación es más complicada porque el gobernador tiene fuero.