Durante años, la relación entre México y Estados Unidos en materia de drogas funcionó sobre una especie de acuerdo no escrito. Ellos ponían la demanda, nosotros poníamos los muertos y ambos poníamos discursos. Había tensiones, reclamos y diferencias, pero el lenguaje oficial mantenía cierta cortesía básica. México era socio. Ese lenguaje ya cambió.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos no es un documento más. Es un punto de inflexión. No solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la forma en que Washington empieza a mirar a México. La comparación con 2024 es reveladora. El documento de la administración Biden hablaba de cooperación. Destacaba extradiciones, operativos conjuntos y coordinación trilateral con Canadá. México aparecía como un socio complicado, sí, pero indispensable.
En 2025 vino la transición. No fue una estrategia completa, sino un documento de prioridades. Pero ahí empezó a sembrarse el cambio. Cárteles tratados como organizaciones terroristas, presión a países fuente y uso de herramientas económicas y de seguridad para atacar redes criminales. La estrategia 2026 termina de cerrar la pinza.
El documento identifica a la frontera con México como el principal corredor de drogas sintéticas. Señala a los cárteles mexicanos como la amenaza dominante y advierte que operan con niveles de impunidad que desafían al propio Estado mexicano. Además, deja claro que su designación como organizaciones terroristas no es simbólica, sino un cambio de enfoque. De seguridad pública a seguridad nacional.
Ahí está el fondo del problema. Estados Unidos no declara a México enemigo, pero deja de tratarlo únicamente como aliado. Lo coloca en una zona mucho más incómoda. Un país necesario para la solución, pero también parte del problema. Un socio, sí, pero bajo presión y con credibilidad limitada.
Ese es el verdadero quiebre. Cuando Washington redefine a los cárteles como actores de carácter terrorista, amplía su margen de acción. No solo en lo operativo, sino en lo político, financiero y diplomático. Cambia el nivel de exigencia hacia México y reduce el espacio para la simulación. Porque el mensaje es claro. La cooperación ya no será medida por comunicados, sino por resultados verificables.
México debería leer ese documento con seriedad. No como propaganda electoral, aunque tenga elementos de ello. No como una simple amenaza retórica. Sino como una señal estratégica de hacia dónde se mueve la política estadounidense. Mientras aquí seguimos atrapados en discursos de soberanía, allá se construye una narrativa de amenaza. Mientras aquí se minimiza el problema, allá se documenta con precisión. Mientras aquí se administra la crisis, allá se prepara una respuesta de Estado.
La relación bilateral está entrando a una zona más dura, más fría y mucho menos complaciente. México pasó de la ausencia de estrategias institucionales sostenidas en el tiempo, y de la falta de autocrítica también sobre los sexenios anteriores a 2018, a ser cuestionado por algo mucho más grave. Su papel tolerante, permisivo o incluso cómplice frente al poderío criminal. México todavía tiene una ventana para escoger el rol con el que será juzgado por la historia. Pero esa ventana se está cerrando. Y cuando se cierre, ya no habrá discurso de soberanía capaz de ocultar el tamaño del fracaso.
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