El país atraviesa una coyuntura económica particularmente delicada. La economía acumula varios años de estancamiento, sin señales de recuperación. Ello ha empezado a repercutir en la recaudación tributaria y el panorama para los próximos meses luce retador.
La recaudación es el corazón político del oficialismo: si la recaudación flaquea, se pone riesgo la capacidad del gobierno para sostener transferencias, subsidios y programas sociales. Y sin mayores recursos para apuntalar esa estrategia, la popularidad presidencial, la sostenibilidad de las finanzas públicas y las mismas elecciones se ponen en riesgo para el partido en el poder.
Consciente de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto forzada a mostrar mayor apertura hacia las preocupaciones del sector privado. Existe un reconocimiento implícito del Ejecutivo de que la inversión se ha frenado en alguna medida como resultado de las propias decisiones del gobierno. Prueba de ello fue el anuncio realizado el pasado lunes 4 de mayo, donde se esbozaron medidas para agilizar inversiones, reducir trámites y suavizar algunas acciones del SAT que habían generado creciente incomodidad entre empresas y contribuyentes.
El problema es que, al mismo tiempo de estos anuncios -ya suman varios-, el propio gobierno continúa impulsando decisiones que van exactamente en sentido contrario.
No se trata únicamente de los profundos cambios institucionales realizados en los últimos años —en materia judicial, regulatoria, competencia económica o transparencia— que han erosionado la confianza para invertir. Existen, asimismo, señales operativas cotidianas que transmiten una lógica de excesivo control gubernamental, centralización inoperante en la toma de decisiones y, en el fondo, desconfianza hacia el sector privado.
Se percibe un gobierno que, por un lado, invita a invertir, pero que por el otro mantiene fuertes resistencias ideológicas para soltar espacios relevantes en distintos sectores económicos. Pragmatismo discursivo combinado con instintos intervencionistas. Apertura parcial acompañada de una excesiva planificación.
Esa ambivalencia es precisamente lo que mantiene detenida la inversión.
La presidenta Sheinbaum se ha movido gradualmente hacia posiciones más pragmáticas conforme la realidad económica se ha impuesto sobre la narrativa política. El problema es que el pragmatismo parcial es insuficiente. La economía requiere mucho más que mensajes conciliadores o algunos ajustes -positivos- en materia regulatoria y administrativa.
Se necesitan señales mucho más contundentes de confianza, estabilidad regulatoria y apertura genuina a la inversión privada. Se necesita, sobre todo, mucho mayor ambición reformista.
El tiempo corre. Poco más de un cuarto del sexenio se fue en un abrir y cerrar de ojos. Los grandes proyectos que requiere el país toman años en desarrollarse. De mantenerse esta visible esquizofrenia de política pública, el sexenio corre el riesgo de transcurrir atrapado en una combinación de bajo crecimiento y mediocridad económica.
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