El martes 28 de abril, cuando aparecieron las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en representación del Gobierno de los Estados Unidos, México entero debió haber hecho una pausa para reflexionar.
Pero no ocurrió.
La reacción inmediata fue la de siempre: grilla, cálculo político, mezquindad, propaganda y polarización. Nadie quiso discutir el fondo del problema. Nadie quiso aceptar que lo ocurrido no era producto de una conspiración extranjera, sino consecuencia natural de años de corrupción, impunidad y complicidad.
Fue un martes negro.
Y no únicamente para quienes hoy aparecen señalados o exhibidos públicamente, sino para un país entero que durante demasiado tiempo normalizó la degradación moral de la política y convirtió la simulación en sistema de gobierno.
Durante años, desde el poder se construyó una narrativa moralista: los puros contra los corruptos, los buenos contra los malos, el pueblo contra las élites. Una narrativa eficaz electoralmente, pero profundamente hipócrita.
Porque mientras se proclamaba una supuesta transformación histórica, en los hechos se consolidaban viejas prácticas: redes de complicidad, pactos de protección, financiamiento oscuro, relaciones inconfesables y una peligrosa mezcla entre poder político y poder criminal.
La soberbia terminó por devorarlos.
Creyeron que el poder absoluto borraba el pasado; que la popularidad sustituía la ley; que las mayorías electorales equivalían a impunidad permanente.
Se asumieron invencibles.
Pensaron que la sociedad estaba domesticada; que el ciudadano promedio terminaría aceptando cualquier cosa a cambio de programas sociales, becas, pensiones y propaganda mañanera.
Subestimaron a todos.
A la sociedad civil, porque creyeron que podía ser comprada con espacios de simulación y consejos decorativos.
A los empresarios, porque apostaron a que el miedo económico y la dependencia gubernamental los mantendrían callados.
A la Iglesia, porque buena parte del clero prefirió la comodidad de la cercanía con el poder antes que asumir una posición moral firme frente a la descomposición pública.
Y a la oposición, porque en muchos casos estaba igualmente desacreditada, corroída por la corrupción y carente de autoridad ética para confrontar nada.
El resultado fue devastador: un sistema político donde casi nadie quiso ver, denunciar o enfrentar el avance de estructuras criminales infiltradas en el poder.
Pero toda simulación tiene límite.
Y cuando la denuncia vino desde el extranjero, particularmente desde Estados Unidos, el discurso oficial comenzó a derrumbarse.
No fueron los gobiernos extranjeros quienes construyeron esta tragedia. Los responsables estaban aquí: en la corrupción tolerada, en la impunidad negociada, en los pactos silenciosos y en la degradación progresiva de las instituciones.
La denuncia simplemente exhibió lo que durante años muchos se negaron a aceptar.
Lo verdaderamente grave es que el conflicto ya ni siquiera parece librarse entre el Estado y el crimen, sino entre distintas facciones de poder disputándose territorios, dinero, protección e influencia política.
Pillos contra pillos.
Y en medio de esa disputa quedan millones de ciudadanos atrapados entre la violencia, el miedo y la pérdida absoluta de confianza en las instituciones.
Esa es la verdadera tragedia nacional.
La democracia mexicana comienza a erosionarse peligrosamente cuando el ciudadano percibe que su voto ya no cambia nada, que la ley se aplica selectivamente y que el poder político terminó subordinado a intereses oscuros.
Porque cuando desaparece el Estado de derecho, lo que emerge no es justicia social ni transformación: emerge la ley del más fuerte.
Quizá algunos pensaron que todo quedaría atrás; que el tiempo sepultaría excesos, complicidades y agravios.
Pero olvidaron una verdad elemental de la historia política: el pasado nunca desaparece del todo.
Como escribió Antonio Machado, y popularizó después Joan Manuel Serrat:
“Todo pasa y todo queda”.
Culiacán, Sin.- Hay frases populares que sobreviven al tiempo porque condensan una verdad profunda. “Tiempo no aprovechado, viento que ha pasado” alude precisamente a eso: a las oportunidades perdidas, a las decisiones que no se toman cuando aún pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió formalmente, el pasado 29 de abril de 2026, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos. La petición provino de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York e involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, señalados de presunta protección al "Cártel de Sinaloa".
Han transcurrido ya 16 días desde aquella notificación. Tiempo suficiente para que la presidenta de la República hubiera tomado alguna de tres rutas posibles.
La primera: que la Fiscalía General de la República proceda a una detención provisional —incluso domiciliaria— mientras corría el plazo legal de 60 días para que el gobierno estadounidense presentara las pruebas correspondientes.
La segunda: instruir a la Fiscalía General de la República para abrir carpetas de investigación derivadas de los múltiples señalamientos periodísticos, denuncias públicas y acusaciones internacionales que, incluso, fueron presentadas ante la OEA desde 2021.
La tercera: no hacer absolutamente nada y asumir, en los hechos, el papel de defensora política del gobernador y de los funcionarios señalados.
Las dos primeras alternativas habrían enviado una señal clara de voluntad institucional. Habrían permitido mostrar que el Estado mexicano actúa frente a cualquier indicio de complicidad con el crimen organizado y que, al menos en el discurso oficial, no existe tolerancia frente a la corrupción ni frente a la impunidad.
La tercera opción, en cambio, quizá reduzca riesgos políticos inmediatos para el gobierno federal, pero multiplica los riesgos para el Estado mexicano. Proyecta la imagen de que la llamada cuarta transformación no está dispuesta a romper el histórico vínculo entre política y crimen organizado cuando éste toca espacios de poder relevantes.
Porque si lo que se pretende es simplemente ganar tiempo, la pregunta inevitable es: ¿ese tiempo corre a favor de quién?
El tiempo nunca pasa en vano. Desgasta personas, desgasta gobiernos y erosiona instituciones. Después de 16 días sin tomar una decisión de fondo, resulta prácticamente imposible retroceder, sobre todo después de las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien aseguró que “no existen indicios” contra Rubén Rocha Moya, así como de la propia presidenta, quien afirmó que “sin pruebas no hay detenciones”.
Ambas declaraciones cancelaron, políticamente, las dos primeras alternativas. El mensaje es claro: el gobierno federal ya eligió la tercera opción. No actuar.
Y esa decisión abre la puerta para que el gobierno de Estados Unidos incremente gradualmente sus presiones diplomáticas, políticas y judiciales, como ya ha comenzado a hacerlo.
Pero, además, para Sinaloa y para los sinaloenses resulta ofensivo escuchar que “no hay indicios” o que “no existen pruebas”, después de casi 20 meses de una crisis de violencia que ha dejado más de tres mil homicidios, tres mil desapariciones y una devastación económica que se refleja en la pérdida de más de 25 mil empleos entre abril de 2025 y abril de 2026.
Las cifras no son propaganda opositora. Son una realidad que viven diariamente miles de familias sinaloenses.
En política, como en la vida, hay momentos que exigen decisiones firmes. Posponerlas no elimina el problema; únicamente reduce el margen de maniobra y aumenta el costo futuro.
Pareciera que la presidenta olvidó aquella célebre frase popularizada en la canción escrita por Renato Leduc e interpretada por Marco Antonio Muñiz y José José: “Sabia virtud de conocer el tiempo”.
Porque en política, como en la historia, hay ocasiones en que no decidir también es una forma de tomar una decisión.
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