El próximo pasado día 6 de mayo en las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuetán y Alcozacán, pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero, fueron desplazadas violentamente 500 personas, por la guerra entre dos organizaciones civiles armadas que se disputan el territorio de la región baja de La Montaña. Omar García Harfuch dijo que es un conflicto entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos”.
Ninguna autoridad atendió de inicio el problema. Solo cuando se hizo viral un video (en el que mujeres indígenas se arrodillan pidiendo a Donald Trump que las rescate) es entonces que el gobierno estatal, junto con el ejército y la Guardia Nacional acudió a la región.
Pero hete aquí que “las fuerzas del Estado mexicano” tuvieron que recular, porque uno de los grupos armados no les dio permiso. ¿Y dónde quedó la mentada soberanía que proclama y dice defender la señora Sheinbaum? Al siguiente día, en un comunicado las autoridades del gobierno de Guerrero informaron que ya se había permitido el ingreso de personal de seguridad y atención médica a la zona de Chilapa. ¡Menos mal, por fin le dieron permiso al ejército, la guardia nacional y la policía estatal!
Ante esta situación, le pregunto a usted, estimada lectora y lector, ¿quién ejerció actos de soberanía sobre ese territorio? En días subsecuentes la secretaria de Gobernación se presentó con las fuerzas armadas, en aquella región a la que les dieron permiso de entrar y, ante los cuestionamientos de por qué se negociaba con grupos criminales, García Harfuch eufemísticamente dijo: “No hay negociación con grupos criminales”. Lo que se está haciendo es coordinación para poder ingresar y retirar personas lesionadas sin poner en riesgo a la población.” Pero luego, la propia Secretaría de Gobernación desmintió a éste con el “Comunicado No. 055”, fechado el 12 de los corrientes donde establece, entre otros despropósitos: “. . . se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.” Entonces, sí se negocia con los grupos criminales. A confesión de parte, relevo de prueba establece un principio general del derecho. Seguramente ya tomó nota el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Pero, lo grave, es que hay una derrota ficta del Estado frente a grupos que le disputan territorio y facultades. La soberanía, para decirlo pronto, es aquella supremacía que la Constitución le otorga al gobierno para hacerla cumplir sobre cualquier individuo o grupo, en cualquier momento y lugar. Y esto no es lo que sucedido en Chilapa.
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