Culiacán, Sin.- El martes 28 de abril, cuando aparecieron las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en representación del gobierno de Estados Unidos, México entero debió haber hecho una pausa para reflexionar.
Pero no ocurrió.
La reacción inmediata fue la de siempre: grilla, cálculo político, mezquindad, propaganda y polarización. Nadie quiso discutir el fondo del problema. Nadie quiso aceptar que lo ocurrido no era producto de una conspiración extranjera, sino consecuencia natural de años de corrupción, impunidad y complicidad.
Fue un martes negro.
Y no únicamente para quienes hoy aparecen señalados o exhibidos públicamente, sino para un país entero que durante demasiado tiempo normalizó la degradación moral de la política y convirtió la simulación en sistema de gobierno.
Durante años, desde el poder se construyó una narrativa moralista: los puros contra los corruptos, los buenos contra los malos, el pueblo contra las élites. Una narrativa eficaz electoralmente, pero profundamente hipócrita.
Porque mientras se proclamaba una supuesta transformación histórica, en los hechos se consolidaban viejas prácticas: redes de complicidad, pactos de protección, financiamiento oscuro, relaciones inconfesables y una peligrosa mezcla entre poder político y poder criminal.
La soberbia terminó por devorarlos.
Creyeron que el poder absoluto borraba el pasado; que la popularidad sustituía la ley; que las mayorías electorales equivalían a impunidad permanente.
Se asumieron invencibles.
Pensaron que la sociedad estaba domesticada; que el ciudadano promedio terminaría aceptando cualquier cosa a cambio de programas sociales, becas, pensiones y propaganda mañanera.
Subestimaron a todos.
A la sociedad civil, porque creyeron que podía ser comprada con espacios de simulación y consejos decorativos.
A los empresarios, porque apostaron a que el miedo económico y la dependencia gubernamental los mantendría callados.
A la Iglesia, porque buena parte del clero prefirió la comodidad de la cercanía con el poder, antes que asumir una posición moral firme frente a la descomposición pública.
Y a la oposición, porque en muchos casos estaba igualmente desacreditada, corroída por la corrupción y carente de autoridad ética para confrontar nada.
El resultado fue devastador: un sistema político donde casi nadie quiso ver, denunciar o enfrentar el avance de estructuras criminales infiltradas en el poder.
Pero toda simulación tiene límite.
Y cuando la denuncia vino desde el extranjero, particularmente desde Estados Unidos, el discurso oficial comenzó a derrumbarse.
No fueron los gobiernos extranjeros quienes construyeron esta tragedia. Los responsables estaban aquí: en la corrupción tolerada, en la impunidad negociada, en los pactos silenciosos y en la degradación progresiva de las instituciones.
La denuncia simplemente exhibió lo que durante años muchos se negaron a aceptar.
Lo verdaderamente grave es que el conflicto ya ni siquiera parece librarse entre el Estado y el crimen, sino entre distintas facciones de poder disputándose territorios, dinero, protección e influencia política.
Pillos contra pillos.
Y en medio de esa disputa quedan millones de ciudadanos atrapados entre la violencia, el miedo y la pérdida absoluta de confianza en las instituciones.
Esa es la verdadera tragedia nacional.
La democracia mexicana comienza a erosionarse peligrosamente cuando el ciudadano percibe que su voto ya no cambia nada, que la ley se aplica selectivamente y que el poder político terminó subordinado a intereses oscuros.
Porque cuando desaparece el Estado de derecho, lo que emerge no es justicia social ni transformación: emerge la ley del más fuerte.
Quizá algunos pensaron que todo quedaría atrás; que el tiempo sepultaría excesos, complicidades y agravios.
Pero olvidaron una verdad elemental de la historia política: el pasado nunca desaparece del todo.
Como escribió Antonio Machado, y popularizó después Joan Manuel Serrat:
“Todo pasa y todo queda”.
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