La política mexicana lleva años perfeccionando cosas que no resuelven nada. No es que falte innovación: es que casi nunca apunta hacia los problemas.
En los últimos años hemos visto comunicación política cada vez más sofisticada, estrategias de movilización electoral altamente eficientes, narrativas emocionales de precisión y mecanismos de control que operan con notable eficacia. La innovación existe. Está viva. Evoluciona constantemente.
El problema es dónde ocurre.
Mientras la política innova para ganar elecciones y dominar la conversación pública, la innovación para resolver problemas existe, pero ocurre a pesar del sistema político, no dentro de él. No es por falta de retos: violencia, desigualdad, rezago educativo y desconfianza institucional ofrecen materia prima suficiente. Pero muchos de esos problemas dejaron de ser preguntas abiertas para convertirse en banderas políticas. Cuando cada actor ya tiene la respuesta correcta, el espacio para experimentar desaparece.
Tampoco falta conocimiento. Universidades, organizaciones civiles y centros de investigación generan diagnósticos y propuestas de manera constante. El problema es que ese conocimiento suele llegar para justificar decisiones ya tomadas, no para generarlas. En política no siempre se premia a quien entiende mejor un problema, sino a quien alinea mejor los intereses.
El obstáculo más profundo son los incentivos. La política mexicana está diseñada para premiar movilización antes que solución. El sistema recompensa números. La calidad de las propuestas se evalúa después, si es que se evalúa.
Lo mismo pasa con la participación ciudadana. Hay más pluralidad que antes, pero sigue siendo demasiado superficial. Se invita a escuchar, respaldar o validar. Rara vez a deliberar o decidir. El problema no es la ausencia de participación. Es la ausencia de incidencia. La innovación que necesita el país no va a venir del sistema. Va a venir de quienes decidan no esperar a que el sistema la produzca.
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