Frente a representantes de 66 países, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó una nueva doctrina de seguridad que redefine a la extrema izquierda y su cercanía con regímenes autoritarios antiestadounidenses como una amenaza estratégica. Más allá de la carga ideológica de esa visión, el mensaje es claro: Washington está construyendo un nuevo marco de seguridad cuyas consecuencias podrían alcanzar a México.
Es cierto que buena parte de esta cruzada responde a la política interna del vecino del norte: convertir a Antifa —un movimiento sin estructura ni liderazgo formal— en una amenaza terrorista global es más retórica que un diagnóstico de inteligencia. Pero eso no exime a la izquierda mexicana de su propia responsabilidad: utilizó la crítica a los excesos de Estados Unidos como cortina de humo para no explicar por qué eligió, una y otra vez, aliarse con regímenes autoritarios de extrema izquierda y abiertamente antiestadounidenses, precisamente el país que constituye el principal socio comercial de México.
El problema de fondo no es Rubio. México ha mantenido una política exterior que privilegió la afinidad ideológica con Cuba por encima del cálculo estratégico: contrató médicos cubanos en masa, envió combustible y ayuda humanitaria sin condiciones, defendió de manera constante al régimen de Díaz-Canel y guardó silencio frente a sus violaciones de derechos humanos. Todo se presentó como un ejercicio de soberanía; nada consideró el costo de sostener esa política si cambiaba el clima político en Washington. Y cambió.
Lo verdaderamente preocupante no es que hoy existan investigaciones contra consulados mexicanos —no las hay—, sino la complacencia de asumir que nunca las habrá. Las doctrinas de seguridad no se anuncian completas: primero redefinen el problema y después construyen las herramientas. Si Washington consolida la idea de que la cercanía con regímenes autoritarios de extrema izquierda constituye una amenaza hemisférica, el escrutinio recaerá sobre los gobiernos que, como el mexicano, hicieron de esa cercanía una bandera identitaria.
La izquierda mexicana tuvo la oportunidad de construir una política exterior autónoma y, en cambio, decidió, cada vez que se le presentó la disyuntiva, alinearse con esas dictaduras: Cuba, Venezuela y Nicaragua. No fue neutralidad. Fue una elección. Y exigir el principio de no intervención para uno mismo mientras se guarda silencio ante la represión que esos regímenes ejercen sobre su propio pueblo no constituye un principio de política exterior: es complicidad disfrazada de soberanía.
Esto no ocurre en el vacío. Washington ya clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y se han acumulado investigaciones periodísticas, audios y otros señalamientos públicos que apuntan a presuntos vínculos entre gobernadores de Morena, como Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, y estructuras del narcotráfico. Si esos vínculos llegan a acreditarse conforme al mismo marco jurídico con el que Estados Unidos persigue al terrorismo, el riesgo dejaría de ser exclusivamente diplomático: adquiriría una dimensión penal y podría comprometer directamente al partido en el poder.
México no necesita alinearse con la guerra ideológica de Trump para complacer a Washington. Necesita algo más simple: previsión. Debe dejar de confundir autonomía con afinidad ideológica y entender que el T-MEC, la migración y la cooperación en materia de seguridad ya se utilizan como instrumentos de presión.
Las relaciones internacionales no castigan las convicciones. Castigan la falta de anticipación. Y el gobierno mexicano, aferrado a afinidades ideológicas cuyos costos nunca evaluó, sigue sin advertir que la factura, tarde o temprano, siempre llega.
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