Culiacán, Sin.- La escuela es el mayor punto de contacto de los niños y jóvenes con el Estado mexicano.
El gobierno los mantiene en un espacio físico reglamentado a disposición de la información, procedimientos y personal que decida y durante el tiempo que considera pertinente establecer.
El reclutamiento criminal es el mecanismo de reproducción del crimen organizado. Sin adolescentes y jóvenes reclutados no hay capacidad operativa, control territorial, ni esa fuente inagotable de combatientes para que las guerras duren al antojo de los capos.
La escuela debe ser un espacio donde los gobiernos federal y estatales desarrollen políticas y programas con los recursos presupuestales y humanos suficientes para detectar el reclutamiento criminal y responder con una estrategia integral que proteja a los alumnos.
No puede seguir siendo un esfuerzo individual, ni una sobrecarga laboral para los maestros, debe ser una política pública.
El crimen organizado destruye el tejido social imponiendo relaciones de sujeción violenta por sobre la colaboración respetuosa del otro.
La forma de relacionarse entre las personas integrantes de una narcosociedad tiene la impronta del narco y toma formas violentas que procuran establecer superioridad y sujeción en lugar de camaradería y diálogo.
La escuela debe ser un espacio donde el gobierno desarrolle una pedagogía de reconstrucción del tejido social con base en la convivencia pacífica, cultura cívica y la cooperación ciudadana.
En los 22 meses de crisis de inseguridad han sido asesinados 109 menores de edad en Sinaloa. No se han creado los 80 mil empleos formales necesarios para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, sino que se han perdido 25 mil, según registros del IMSS.
La escuela debe ser un espacio donde el gobierno provoque una reflexión profunda con los niños y jóvenes de las consecuencias del dominio criminal y provocar el rechazo racional de la narcocultura.
La escuela también debiera ser el espacio donde el gobierno brinde el apoyo psicológico ante el shock de la violencia y se detecten adicciones y disfunciones familiares. Un mecanismo para garantizar la salud mental de niños y jóvenes de las narcosociedades.
Durante estos 22 meses de narcopandemia distintos esfuerzos ciudadanos hemos exigido un modelo educativo en Sinaloa que corresponda a la enorme crisis de inseguridad y violencia que padecemos. Desde conversatorios, artículos, marchas hemos planteado que la escuela tiene un papel importante que cumplir en la reconstrucción del estado.
Solo hemos encontrado oídos soberbios del oficialismo. Que las instrucciones de Palacio Nacional son que aplique la Nueva Escuela Mexicana. Un centralismo ineficaz.
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