La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel abrió un nuevo debate sobre la impartición de justicia en México. Más allá de lo que finalmente determinen los tribunales, llamó la atención el trato recibido por el exgobernador, presentado prácticamente como un delincuente de alta peligrosidad.
Antes de la aparatosa detención, el juez Mario Elizondo Martínez había desechado las órdenes de aprehensión al considerar que la fiscalía no sustentó adecuadamente sus inferencias. Sin embargo, tras el cambio de juzgador, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, electa por voto popular, concluyó en sentido contrario, al estimar que existía un esquema ilícito sistemático.
Al margen de la resolución definitiva del caso, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la percepción de una justicia selectiva. Mientras existen señalamientos públicos contra diversos funcionarios vinculados a Morena por presuntos nexos con el crimen organizado, esos expedientes parecen avanzar con un ritmo distinto. Viene entonces a la memoria la célebre frase atribuida a Porfirio Díaz: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
El pasado 21 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el aseguramiento de metanfetamina oculta en costales de alimento para ganado en Sonora. En ellos aparecía la leyenda Forrajes El Barrio, empresa propiedad de la familia de Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa.
A partir de ese momento comenzó una ola de publicaciones que relacionaban a la empresa, al vehículo y a su operador con actividades ilícitas, pese a que ello no implicaba responsabilidad alguna de la empresaria.
Martha Reyes se ha convertido en una de las voces más críticas frente a la crisis de inseguridad y al deterioro económico que vive Sinaloa como consecuencia del enfrentamiento entre las facciones criminales conocidas como Mayos y Chapitos, conflicto que ha provocado la pérdida de más de 28 mil empleos, además de miles de víctimas entre personas asesinadas y desaparecidas.
Llama la atención que ambos casos hayan adquirido notoriedad precisamente cuando las controversias en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantenían bajo fuerte presión mediática al oficialismo.
En política pocas veces las coincidencias son simples coincidencias. La oportunidad también comunica y el proceso electoral, aunque todavía distante en el calendario formal, ya comenzó en el terreno de la narrativa y la disputa por la opinión pública.
Podrá cuestionarse al actual grupo gobernante por los resultados en materia de seguridad, salud, educación o crecimiento económico; sin embargo, sería un error subestimar su capacidad para construir estrategias de comunicación.
El equipo encabezado por Jesús Ramírez Cuevas, con el respaldo de especialistas como Antoni Gutiérrez-Rubí y otros operadores políticos y digitales, ha demostrado conocer la importancia de fijar la agenda pública, cambiar el foco de atención y reposicionar la conversación cuando surgen temas políticamente incómodos.
La comunicación política moderna no consiste únicamente en informar. También busca influir en la percepción ciudadana, establecer prioridades en el debate público y desplazar aquellos asuntos que generan mayores costos políticos.
Con un aparato de comunicación de estas características, la pregunta deja de ser si existen las cortinas de humo. La verdadera interrogante es cuántas veces logran modificar la conversación pública para que los temas más delicados dejen de ocupar el centro de la atención ciudadana.
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