Bruto

Durante mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social, allá por los años 2009-2012, conocí a varios dirigentes de organizaciones campesinas. Entre ellos, al zacatecano José Narro Céspedes, entonces dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

A principios de 2024 me lo encontré nuevamente en la Ciudad de México, ya como senador de la República por Morena. Fue la primera vez que escuché de él una referencia sobre Andy, como suelen llamarle: “Es un magnífico operador de su padre”.

Le pregunté: “Pepe, ¿pero bajo qué puesto o nombramiento opera?”. Su respuesta fue contundente: “Opera como hijo de su padre”.

En términos de la política estadounidense, aquello tendría una definición precisa: power broker. Alguien cuyo poder no necesariamente proviene de un cargo, sino de su acceso privilegiado al poder.

En México, la historia del influyentismo de los familiares presidenciales no es nueva.

Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo, dirigió Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y se convirtió en una de las figuras más poderosas de la política cultural y de medios de aquella época.

Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas, protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio. Fue encarcelado y acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos; su nombre quedó asociado para siempre con los excesos del poder presidencial de aquellos años.

Durante el gobierno de Vicente Fox, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, fueron señalados e investigados por presunto tráfico de influencias y por el aprovechamiento de sus vínculos con el poder para favorecer negocios privados.

La constante parece ser la misma: cuando el poder político se concentra en una familia, la frontera entre lo público y lo privado comienza a desdibujarse.

El propio Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2019 que el presidente se entera de todo y que los grandes actos de corrupción difícilmente pueden realizarse sin su conocimiento. La frase, pronunciada desde el poder, adquiere ahora una dimensión incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad política de un gobernante frente a los actos de quienes utilizan su cercanía familiar como fuente de poder?

El caso de Andy López Beltrán ha colocado nuevamente esa pregunta en el centro del debate público. Los señalamientos sobre su presunto enriquecimiento, sus relaciones empresariales y el uso de su cercanía con su padre para ejercer influencia han provocado un fuerte desgaste político. Pero, más allá de determinar responsabilidades jurídicas —que corresponden a las instituciones—, existe una responsabilidad política que nadie puede eludir.

Y aquí aparece Bruto.

Para Nicolás Maquiavelo, Lucio Junio Bruto representa uno de los dilemas más radicales de la política: el conflicto entre los afectos personales y la razón de Estado.

Según la tradición romana, Bruto participó en la expulsión de los Tarquinos y en el nacimiento de la República. Cuando sus propios hijos conspiraron para restaurar la monarquía, los condenó a muerte. Los sacrificó en nombre de la República que acababa de nacer.

El mensaje era brutal: ningún vínculo familiar podía estar por encima de la ley.

La alegoría resulta inquietante frente al poder mexicano contemporáneo.

¿Es Andy un Bruto contemporáneo? No por sus actos, sino por la función simbólica que parece desempeñar dentro de una estrategia política en la que el hijo puede convertirse, paradójicamente, en el escudo del padre.

La reciente carta dirigida al gobierno de Estados Unidos —torpe en su construcción política y convertida rápidamente en objeto de burla pública— terminó produciendo un efecto distinto al que presumiblemente buscaba. En lugar de cerrar el expediente, lo abrió aún más al escrutinio.

Y cuando José Ramiro López Obrador advirtió que Estados Unidos “no va por el chico sino por el grande”, la frase terminó otorgándole una dimensión todavía mayor al episodio: convirtió un problema personal y familiar en un asunto político de alcance nacional.

El problema para López Obrador no es solamente Andy. Es haber permitido que la defensa de un hijo pueda convertirse en la defensa de todo un movimiento.

Porque la verdadera razón de Estado no consiste en proteger a los propios a cualquier precio. Consiste precisamente en impedir que los propios se conviertan en una amenaza para el Estado.

Bruto sacrificó a sus hijos para salvar la República. El poder contemporáneo enfrenta el dilema contrario: cuando el padre utiliza al hijo como operador, escudo o pieza de una estrategia política, puede terminar sacrificando no a su familia, sino a la credibilidad de todo su proyecto, incluso a una desconcertada y descolocada presidenta.

El verdadero peligro para un régimen no siempre está en sus adversarios. A veces nace dentro de casa.

Y cuando el poder confunde lealtad familiar con virtud política, cuando la cercanía sustituye al mérito y cuando la impunidad sustituye a la justicia, el problema deja de ser un hijo incómodo.

Se convierte en un espejo.

Y quizá lo más grave de este episodio no sea la figura de Andy, sino lo que revela sobre un sistema político que, después de tantos años de combatir el nepotismo, parece seguir sin resolver la vieja pregunta de Juvenal: ¿quién vigila a quienes ejercen el poder?

Porque la historia de Bruto enseña algo que el poder suele olvidar: las repúblicas no se destruyen únicamente cuando llegan los enemigos de afuera. También comienzan a morir cuando quienes gobiernan dejan de distinguir entre la lealtad a la familia y la lealtad a la República.