En Washington ocurrió algo poco frecuente: una funcionaria cercana al presidente corrigió públicamente la narrativa oficial. Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, exjueza y exfiscal de distrito en Nueva York, había acusado a un ciudadano de vandalizar el espejo de agua del monumento a Lincoln. Al revisar la evidencia, concluyó que el daño no lo causaron vándalos sino una instalación defectuosa del contratista, y pidió retirar los cargos. Trump la acusó de haberse “doblado como paraguas”. En realidad, hizo lo contrario: recordó que el deber de un fiscal no es sostener el relato del poder, sino actuar conforme a la evidencia. Esa escena ilustra una carencia frecuente de los gobiernos: no la falta de datos, sino de alguien dispuesto a usarlos contra una narrativa equivocada.
Ese es hoy el caso de Pemex. El análisis más reciente de Francisco J. Barnés de Castro –presentado en el Observatorio Ciudadano de Energía– sobre los resultados operativos al primer semestre de 2026 debería llegar sin filtros al escritorio presidencial. Sus hallazgos contradicen el discurso del rescate exitoso: Pemex consume reservas, pierde eficiencia, deteriora su desempeño ambiental y compromete recursos fiscales crecientes.
En producción, el número de pozos en operación es el más bajo de los últimos 15 años y, con la exploración en mínimos, agota reservas sin reponerlas. En refinación, el contraste es revelador: Deer Park convierte en destilados 83 centavos de cada barril procesado; Dos Bocas, 78; el resto del sistema nacional, apenas 61.5. Deer Park procesó una tercera parte del crudo del sistema nacional, pero produjo el equivalente a 69% de la turbosina y 44% del diésel.
El deterioro ambiental y de seguridad industrial tampoco puede normalizarse. La quema de gas a la atmósfera creció 89% en un año, las emisiones de óxidos de azufre 12.5%, y los índices de gravedad y frecuencia de accidentes aumentaron 85% y 45%. Detrás de esos porcentajes hay trabajadores lesionados, comunidades expuestas y costos que alguien terminará pagando.
El dato más grave es otro: en el primer semestre de 2026 desaparecieron de los balances de Pemex 23.3 millones de barriles de crudo. No pueden explicarse como variaciones de inventario: la capacidad total de almacenamiento es menor a 19 millones. Al precio promedio de la mezcla mexicana, el faltante equivale a unos 1,870 millones de dólares. Es robo de crudo a escala industrial.
Mientras tanto, el gobierno federal sostiene a Pemex con impuestos de los contribuyentes. Según Moody’s, el apoyo extraordinario a la empresa en 2025 fue de alrededor de 35 mil millones de dólares. El ISR e IVA que podrían financiar medicinas, escuelas o seguridad pública están tapando el barril sin fondo de una empresa que pierde crudo, quema gas y accidenta trabajadores. El problema ya no es sólo financiero ni petrolero, es fiscal. Cada peso destinado a sostener a Pemex estrecha el margen para inversión pública, programas sociales sostenibles y reducción de deuda.
Brasil y Colombia muestran el costo de ignorar estas señales: perder el grado de inversión encarece el crédito, deprecia la moneda y toma años revertirlo.
La presidenta Sheinbaum heredó el problema, pero ya es suyo. Puede insistir en la narrativa —los neoliberales, los conservadores— o escuchar a quien le ponga la evidencia sobre la mesa. Necesita en Palacio Nacional a alguien con los datos de Barnés de Castro y la entereza de Pirro para decirle la verdad: Pemex no se está recuperando, ese dinero se desvía de sus fines legítimos y, si no corrige el rumbo, el costo lo pagarán todos los mexicanos. Por el bien de México: evidencia, no ideología.
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