La semana pasada, The Economist publicó la editorial How AI is breaking the British state, acompañada de un reportaje sobre litigios laborales, The tragedy of the commons, AI edition. El diagnóstico es crítico: con el uso de los modelos de lenguaje, los ciudadanos han multiplicado su capacidad para demandar al gobierno hasta poner a prueba el margen de respuesta de los tribunales.
Los tribunales laborales británicos cerraron el año pasado con 64 mil casos sin resolver, 55% más que el año anterior; las solicitudes de una figura legal antes casi desconocida, el “interim relief”, se multiplicaron por cien. La inteligencia artificial está acelerando la tendencia, al permitir redactar demandas con la pulcritud de un profesional y prácticamente sin costo.
El principal “filtro” eliminado por la IA es de carácter económico. Durante décadas, litigar exigía recursos y paciencia frente a la burocracia, y ese costo —invisible pero eficaz— mantuvo los sistemas de justicia dentro de un volumen manejable. Sin él, el acceso a la justicia puede dejar de ser una conquista y convertirse en un riesgo para el sistema encargado de garantizarlo.
El caso mexicano parte de una realidad distinta, pero enfrenta el mismo riesgo con un agravante: un aparato de justicia que ya era insuficiente y que hoy, además, atraviesa un proceso de recomposición. En materia laboral, por ejemplo, desde la reforma de 2019, los tribunales acumularon 424 mil 416 expedientes; 223 mil 585 seguían en trámite al cierre de 2025 (INEGI, RALAB). En el último año, los nuevos casos crecieron 7.8%, mientras las resoluciones cayeron 4.9%. Es un patrón muy similar al británico.
A esto se suman las consecuencias de la reforma a los poderes judiciales, con jueces electos por voto popular que sustituyeron a personal con una carrera consolidada. En Zacatecas, una juzgadora fue suspendida el mes pasado, en medio de señalamientos por el rezago que acumulaba y por elaborar sentencias con IA sin dominar los procedimientos básicos de su función. La misma tecnología que amenaza con desbordar la demanda también puede afectar, del otro lado, la calidad de quien debe atenderla.
La capacidad de producir argumentos crece más rápido que la capacidad institucional para evaluarlos. El desafío también abre una pregunta sobre el oficio de litigar: ¿cuál es la función del profesional del derecho cuando una herramienta puede producir argumentos jurídicos convincentes?
En nuestro país, el amparo protege a cualquier persona frente a la arbitrariedad del poder. En buena medida, el acceso a la justicia depende de jueces capaces de distinguir, entre miles de demandas, cuál amerita la protección. Si cada vez más personas pueden litigar y cada vez menos jueces deciden con criterio propio, el riesgo es que, paradójicamente, la IA limite aún más esa justicia.
La tecnología puede democratizar la posibilidad de litigar antes de que el Estado esté listo para resolver. Una exigencia que nadie puede atender deja de ser un derecho.
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