Aunque 2026 no es precisamente un año electoral en Quintana Roo, sino hasta 2027, aspirantes a cargos de elección popular, andan desatados en busca de financiamientos para sus campañas políticas.
Muchos de ellos, ostentan cargos públicos, otros, están dentro del gabinete mismo que les permite abusar de sus posiciones para obtener recursos públicos ilegales o de plano producto de la extorsión.
Quienes aspiran a cargos de elección tienen luz verde para posicionar su imagen pública, con publicidad y encuestas, a veces amañadas. ¿Cuántas encuestas vemos en redes?, muchas, con lo que cobran las agencias.
Pretenden que esto los ubique dentro de los liderazgos de sus partidos políticos; usualmente son los de Morena, van a la segura; utilizan cargos en ayuntamientos, puestos relevantes, hasta secretarias, para aplicar lo que muchos conocen como extorsión digital.
Distintos proveedores de éstas instancias públicas, que mantenemos en el anonimato, aseguran ser víctimas de extorsiones digitales desde el gobierno, en total impunidad, vulnerables ante la autoridad.
A nivel estatal, se escuchan mucho en medios de comunicación, o de manera directa, algunos ejemplos, el más conocido es el caso de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (#SEMA).
Testimonios anónimos y públicos exponen al titular de la dependencia, Óscar Rébora Aguilera, solicitar sumas de dinero para liberar resolutivos ambientales; se relaciona a Oxxo y Coppel, entre otras cadenas comerciales, como afectados.
Rébora tiene páginas, programas personales que lo promueven a diario, figura en encuestas de todo tipo y lo hace encubierto desde el cargo; imaginen si se le fiscaliza al exregidor de Cancún de Fuerza por México.
¿Cómo operan? Crean una presunta irregularidad ambiental, la ponen en manos de comunicadores o periodistas afines y mediáticamente la revientan.
Luego van a la empresa exhibida, señalada, afectada por presuntas prácticas que afectan el medio ambiente, para decirle que tiene presión social, para actuar contra ella, la asustan.
Venden la solución en combo, ambiental y mediática, traen empresas foráneas para ayudarlos a subsanar las irregularidades; obvio, las compañías son aliadas, involucradas, socias, es un negocio redondo.
Le llaman extorsión digital, pareciera derecho de piso, pero es extorsión digital, apoyada en información creada o privilegiada por el puesto que ocupan.
Depende el problema generado, puede ir desde una iguala mensual de 250 o un pago único de un millón o más, que se reparten; así de fácil y sencillo operan nuestros funcionarios públicos de “nivel”.
En el caso de Sema, de acuerdo con la denuncia, habrían sido operadas desde las subsecretarias, son redes estructuradas al interior de la dependencia.
Otro caso evidenciado en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum es el de Jaime Ongay Ortiz, director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Él fue denunciado públicamente en la mañanera por extorsión, cobros millonarios y hostigamiento burocrático a empresas del sector, sin que hasta ahora deriven sanciones en su contra.
La narrativa de cero tolerancia a la corrupción quedó rebasada en todos los casos, y los que vengan; por el contrario, queda el tufo o sentimiento de impunidad y protección política entre las víctimas.
Aquí le entras o le entras, “copelas o cuello”, de lo contrario sufres represalias, escarnio público, cancelación de permisos o exclusión de contratos.
Todo sea, pues, por generar dinero que pague campañas, pronunciamientos partidistas que te coloquen en la antesala de cargos de elección popular, alcaldías, diputaciones, senadurías, hasta regidurías, el objetivo es mantenerlos en el poder.
