El mayor acuerdo petrolero de nuestro continente lleva la firma del secretario de Estado y la del secretario de Guerra de Estados Unidos. Un ministerio militar suscribiendo una concesión de hidrocarburos dice del negocio más de lo que dirá cualquier comunicado.
Las cifras son contundentes. El 31 de agosto la Casa Blanca informó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez entregó a North American Blue Energy Partners 17 campos por 100 años, con reservas probadas de 65 mil millones de barriles, más de las que Estados Unidos posee en su propio territorio. La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra se quedó con 35% de la matriz accionaria. Por su parte, el Departamento de Estado compra al costo 20% de toda la producción, presente y futura, y conserva preferencia sobre 80% restante. Washington puede vetar cualquier nombramiento del consejo de administración, cuya mayoría debe ser estadounidense.
Las concesiones, por su parte, se rigen por una nueva ley venezolana de hidrocarburos adoptada, según admite el propio documento, con respaldo estadounidense. Entre otras cosas, Washington supervisa también el destino fiscal de las regalías venozolanas. Así, se firmó el contrato, se redactó la ley que lo ampara y se vigila el dinero que producirá.
Un gobierno interino administra lo que encuentra. Comprometer un siglo pertenece a otro orden de facultades, y ninguna mayoría se lo confirió a Delcy Rodríguez. Alexander Sack llamó odiosas, en 1927, a las obligaciones que un régimen contrae sin consentimiento ni beneficio de la población, y sostuvo que el sucesor puede desconocerlas. La doctrina existe porque el problema es antiguo: quien manda sin mandato tiende a prolongarse en la letra de lo que firma.
Concedo, en lo esencial, la objeción de Sack. Venezuela conservará la titularidad de su soberanía, pero perderá buena parte del margen para ejercerla. Sin embargo, levantar una industria arruinada exige capital que nadie arriesga si cada alternancia revisa lo pactado, y el acuerdo promete 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante 25 años. América Latina conoce el precio de tratar los contratos como papeles revocables y lo pagó en décadas de desinversión. La estabilidad jurídica sostiene el desarrollo, y ese argumento tiene un centro de gravedad propio.
Ocurre, además, que el comunicado ordena los tiempos políticos. Presenta el crecimiento privado como precondición de la transición democrática: primero el contrato, después el voto. Quien fija ese orden decide fija las normas y, quizá el resultado el día de la elección.
María Corina Machado anunció que su regreso sería coordinado con Washington, y la Casa Blanca le pidió una visita antes de que ocurra. A quien vuelve invitada por su socio le conviene distinguir entre obtener respaldo para cambiar de gobierno y conservar capacidad para gobernar de otro modo. El mismo actor que impulsa la transición custodia los compromisos firmados con quienes serán relevados, y esa duplicidad sobrevive a cualquier buena voluntad. El margen se medirá en cláusulas: plazos de revisión, foro donde se dirimen las disputas, alcance real del veto. Discutir eso en Washington resulta menos vistoso que discutir la fecha del regreso, aunque pesará mucho más.
Monroe excluyó a Europa de adquirir posiciones en el hemisferio e invocó, para hacerlo, la independencia de las repúblicas americanas. La versión de 2026 expulsa a rusos y chinos y ocupa la posición vacante. La doctrina que se dice restaurada aparece invertida, y el primer conflicto petrolero mostrará si Washington acepta que un gobierno venezolano electo democráticamente tome decisiones que alteren las condiciones del acuerdo; que, de forma insólita, firmaron el secretario de Estado y el secretario de Guerra de Estados Unidos.
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