Culiacán, Sin.- La segunda gobernadora interina de Sinaloa, ya cumplió sus primeros 12 días en el cargo. Pero todo sigue igual que antes. La misma inseguridad, el mismo deterioro económico, y la misma ineficiencia en la administración pública. Todo eso, pero con la aún creciente irritación ciudadana. La llegada de Graciela Domínguez no se vio como un simple relevo, sino como oportunidad para restaurar un poco la confianza que perdieron las instituciones estatales.
Después de rendir protesta, su primer acto de gobierno fue tomarse una fotografía con el gabinete completo que heredó de Rubén Rocha Moya. A la fecha no hay un solo cambio confirmado. El equipo que ha estado totalmente omiso ante estos primeros dos años de guerra delincuencial, y que ha causado miles de homicidios, desapariciones, cierres de negocios y desempleo, aún está intacto en sus puestos. No hay un gobierno nuevo. El rumor en la calle es “Rocha sigue gobernando Sinaloa”.
El segundo acto de gobierno fue anunciar la inminente puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, acto que se ha venido posponiendo en varias ocasiones. Al parecer el plan que Graciela Domínguez traía bajo el brazo no fue bien aceptado localmente. Pero ya surgió otra propuesta, llave en mano, que exige no solo intenciones sino también presupuestos, y cuya operación ya trae titular. Por eso se ha retrasado el anuncio.
El tercer acto de la segunda gobernadora interina, fue instruir a “su” gabinete a recorrer todos los municipios bajo el lema "menos escritorio, más territorio", a fin de recoger las demandas sociales. De igual manera, prometió mesas de diálogo con los diversos sectores productivos. Nada de eso es objetable, pero la cercanía territorial y sectorial es solo una técnica de escucha, no una política pública para resolver los problemas.
Mientras eso sucede, el domingo 13 de septiembre está convocada la Gran Marcha por la Paz. Si a esa fecha Graciela Domínguez llega sin su plan de seguridad y sin cambios en el gabinete estatal, la marcha dejará de ser un reclamo contra el gobierno anterior y empezará a serlo en contra del suyo propio. Nadie puede deslindarse con palabras de un grupo político cuyo aparato administrativo se conserva intacto.
Doce días son pocos para juzgar un gobierno, pero sí son suficientes para juzgar las intenciones. Hasta hoy solo hay anuncios, pero lo que Sinaloa exige son decisiones inmediatas.
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