En México, la economía informal representa una distorsión estructural que actualmente concentra 25% del PIB y 55% de las personas ocupadas. Los datos más recientes del INEGI indican que ambos porcentajes van al alza, moviendo nuestra realidad económica en sentido contrario al deseable. La Conasami publicó una nota que explota el panel de la ENOE para mostrar que el empleo no está fluyendo de la formalidad a la informalidad en mayor porcentaje de lo habitual (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1100502/Informe_Agosto_2026.pdf ), lo que hace pensar que la ocupación informal se estaría engrosando de jóvenes en primer empleo, ante la insuficiencia de vacantes en una economía formal que no crece, al tiempo que se automatiza.
El hecho es que el empleo informal crece y el formal decrece y que ello daña la eficiencia agregada de la economía, dado que las actividades informales se caracterizan por ser de muy baja productividad. Esto resulta preocupante puesto que el crecimiento económico sostenido requiere de manera indispensable que se incremente la eficiencia general de le economía, reflejada en la productividad total de los factores (PTF), la cual se encuentra en una espiral de deterioro continuo al menos durante los últimos 25 años.
La actividad económica informal suele realizarse a pequeña escala —en micronegocios de uno a cinco trabajadores—, con bajísimos niveles de especialización, así como requerimientos limitados de capital humano y de tecnología. Al operar en la marginalidad para evitar la fiscalización, estas unidades sacrifican la adopción de innovaciones y el crédito bancario, lo que limita severamente su capacidad de crecimiento.
El exagerado tamaño de la informalidad en México deriva de diversos incentivos laborales, fiscales y de seguridad social, y ahora también de salario mínimo, que limitan la interacción entre el ámbito formal y el informal. Esto provoca que el eventual crecimiento de la economía formal, donde se concentra la mayor cantidad de capital físico y tecnológico, tenga una menor tracción e influencia sobre la informal, donde se concentra la mayor cantidad de trabajo.
Así, se reduce la capacidad de arrastre de las actividades más modernas y exportadoras y se diluye su potencial para sacar de la pobreza a amplias capas de la población. El gran tamaño de la informalidad limita la capacidad de expansión de la economía, pero también la falta de crecimiento acelerado y sostenido ha impedido liberar de la informalidad a millones de trabajadores que permanecen atrapados en la precariedad por la escasez de vacantes formales.
Para romper este círculo vicioso, se requiere tomar medidas urgentes encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el reporte "Hacer que los mercados laborales funcionen" (https://publications.iadb.org/es/hacer-que-los-mercados-laborales-funcionen-mejorar-la-productividad-y-el-bienestar-de-los ), con una propuesta que consiste en:
- Modernizar la regulación laboral y los sistemas de protección social.
- Fortalecer las instituciones de fiscalización y justicia laboral.
- Desarrollo de habilidades (educación y formación técnica profesional) y políticas activas de empleo.
Una de las principales propuestas del BID radica en que los riesgos universales —como la atención a la salud y la pobreza en la vejez— dejen de ser un impuesto sobre el trabajo asalariado y se financien enteramente con impuestos generales. En contraste, los riesgos específicos del empleo asalariado —como los accidentes laborales o el despido— continuarían financiándose mediante contribuciones patronales y de los trabajadores sobre la nómina, obligando a las empresas a internalizar estos costos específicos sin desincentivar la creación de empleo formal. Propuestas como esta deben ser valoradas y discutidas, puesto que apuntan en la dirección correcta que permite hacer converger la mejora en las condiciones laborales con la eliminación de obstáculos estructurales para el crecimiento.
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