Culiacán, Sin.- La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, no llegó al cargo por la vía ordinaria de la democracia, sino por la vía de la descomposición y de un simple trámite de emergencia partidista. No es ajena al colapsado régimen de Rocha Moya, ella forma parte de su núcleo. Su interinato, por tanto, no es una alternancia ni una rectificación. Es una operación para garantizar la continuidad del mismo grupo político.
Domínguez Nava prometió una paz que "no será de discurso, sino que se sienta en las calles, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en las costas". Pero lo sucedido en sus primeros días desmiente la promesa. En Sinaloa, el promedio de homicidios continúa creciendo, y la inseguridad hoy está peor que nunca. ¿De qué paz se está hablando?
En medio de recurrentes jornadas de balaceras y homicidios, una decisión emblemática del nuevo gobierno fue convocar a la población a la fiesta del Grito de Independencia este 15 de septiembre. "Hay condiciones", afirmó la gobernadora. Pero confundir la simulación de normalidad con la pacificación, es repetir el error discursivo que hundió la credibilidad del gobierno anterior.
El segundo interinato anunció un plan de seguridad y gobernabilidad, que aún sigue siendo un anuncio. Además, pronto presentará el quinto Informe de Gobierno. ¿Qué se informará? ¿Los avances de un sexenio que produjo la peor crisis de seguridad y económica de la historia moderna de Sinaloa y que terminó con su gobernador prófugo de la normalidad institucional?
En tanto eso sucede, la sociedad civil convocó a la segunda Gran Marcha por la Paz. Que la ciudadanía tenga que salir a la calle de nueva cuenta para exigir su derecho elemental a vivir, es el indicador más severo del fracaso institucional.
El interinato tiene ante sí una disyuntiva: o se asume como un gobierno de transición para pacificar, transparentar y garantizar elecciones limpias en 2027, o solo se convertirá en un dispositivo de contención política para que Morena atraviese la crisis de Rocha Moya sin pagar el costo electoral. Lo primero exigiría rupturas visibles. Lo segundo solo requiere administrar el calendario. Hasta hoy, no hay una sola ruptura visible.
Sinaloa no necesita una administradora del naufragio. Necesita, aunque sea por 14 meses, tener un verdadero gobierno. La historia juzgará si Graciela Domínguez quiso serlo o si se conformó con solo custodiar los escombros.
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