El crecimiento económico es uno de los temas principales en cualquier país. El crecimiento económico es, ni más ni menos, la medición de cómo está evolucionando el ingreso del país. De allí lo relevante de analizar su desempeño a lo largo del tiempo. La idea más básica y utilizada para esto, es comparar las tasas de crecimiento para distintos periodos y compararlas. Sin embargo, este ejercicio resulta engañoso. Cada periodo enfrenta un entorno distinto: crisis financieras globales, pandemias, caídas del precio del petróleo, guerras comerciales, y un sin fin de imponderables. Comparar 2009 con 2019 es, en rigor, comparar peras con manzanas.
Hay una forma, todavía imperfecta, pero más honesta de hacerlo: medir cuánto crece una economía con respecto a otra con la que está relacionada y que enfrenta vicisitudes similares. Por eso, la comparación del crecimiento de México con respecto al de Estados Unidos es útil. Si la crisis de 2008-2009 golpeó a México, también golpeó a Estados Unidos; si la pandemia paralizó nuestras fábricas, también paralizó las suyas. Comparar la tasa de crecimiento en ambos países nos permite identificar periodos donde las decisiones internas nos han permitido hacer las cosas mejor que Estados Unidos o periodos donde hemos hecho las cosas mal.
Si consideramos los últimos 31 años (cinco sexenios presidenciales y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum) los resultados son muy contundentes. Con los presidentes Zedillo, Fox y Peña Nieto, México creció entre 0.6 y 0.9 puntos porcentuales menos que Estados Unidos por año. Sólo con el presidente Felipe Calderón pudimos crecer más que Estados Unidos, crecimos 0.4% promedio por año por encima del crecimiento vecino. Los datos para los gobiernos de la 4T son desastrosos: de 2019 a la fecha, estamos creciendo 2% menos que los Estados Unidos. Ambos casi duplican el peor rezago de cualquier gobierno anterior.
No es casualidad. No hay manera de crecer sin inversión. Y la inversión no llega si se destruyen instituciones y se dilapida la poca inversión pública existente. La destrucción del Poder Judicial, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia tiene consecuencias. Nadie quiere invertir en un país donde no hay Estado de Derecho con jueces a modo del gobierno. Y si, además, el gobierno tira a la basura lo poco que “invierte” (los gobiernos de la 4T han invertido una tercera parte, como porcentaje del PIB de lo invertido en la administración del presidente Calderón) en proyectos absurdos como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas y demás ocurrencias tropicales el escenario es poco alentador.
Si queremos un país con futuro, deberíamos reconstruir el Poder Judicial y reorientar el gasto: de gasto clientelar a inversión pública productiva, salud, educación y seguridad.
El actual gobierno, en lugar de enojarse con los gobiernos “neoliberales”, debería pedirles consejo.
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