Como es sabido, los países más prósperos son aquellos que han armonizado un círculo virtuoso entre la calidad y competencia de sus gobiernos y sus políticas; la fortaleza de su estado de derecho, y la profundidad con que la sociedad internaliza el cumplimiento de la ley.
¿Esto sucede en México? Rotundamente no, y su posición en el Rule of Law Index 2026 -número 125 sobre 143 países, por debajo de Zimbabue, Bangladesh y el Congo- es devastadora y vergonzosa. En cualquier país civilizado ya habría derribado al gobierno. En México, no. Aquí la corrupción se nutre de casos como SEGALMEX, clanes familiares, contrabando de combustibles, Birmex o INE. Ha sido, en estos años del narco-gobierno, la marca de la casa.
El problema es muy grave. Ya alcanza el grado de metástasis donde las células cancerosas las representan una gestión pública ineficiente; una organización disfuncional; un gasto público de muy mala calidad, mal asignación y nulo impacto; regulaciones burocráticas excesivas y opacas, y, naturalmente, la práctica de la corrupción abierta y descarada por parte de funcionarios a todo nivel y de una parte muy relevante de la sociedad.
¿Qué hacer? Para empezar, entender la crisis y reemplazar los incentivos que la motivan por otros que lleven a cumplir con la ley y con un sistema que transfiera valores positivos mediante el efecto imitación.
Por ejemplo, en el vínculo entre empresas e ilegalidad diversos reportes son elocuentes. De un lado, los excesos regulatorios en el sector público o en sectores económicos deficientemente regulados son un campo propicio para la ilegalidad. De otro, según una encuesta de KPMG, en México solo el 2% de las empresas defraudadas revisa o corrige sus mecanismos de control interno y las denuncias son pocas pues solo 4 de cada 10 empresas las presenta ante las autoridades competentes.
Un estudio en Nuevo León sugirió que, en el plano racional, los empleados y dueños de negocios entienden que el respeto a las leyes y el comportamiento ético son en teoría la norma, pero en la práctica cotidiana hay conductas que estimulan romperlo. La corrupción parece tan habitual que la mayoría encuentra un pretexto para incurrir en ella, con el argumento de que no participar en el mecanismo corruptor los invalida o los pone en desventaja para competir exitosamente en los negocios.
Una segunda consideración es que la fuente más corrosiva de la ilegalidad en su aspecto económico --es decir, la asignación discrecional de contratos, el otorgamiento de concesiones y permisos para abrir y operar negocios o para edificar obras, y las compras gubernamentales--, reside sobre todo en una arquitectura regulatoria y administrativa excesiva e ineficiente, en la nula capacidad de las personas que toman decisiones públicas, y en procesos y sistemas muy opacos y mal diseñados.
Y una tercera variable es la urgencia de mejorar la selección y reclutamiento del personal público que toma decisiones en esas materias. Hay evidencia de que los estudiantes que durante su vida escolar hacen trampa en cualquier modalidad (plagio, por ejemplo) tienden a entrar a trabajar al gobierno una vez que se gradúan: “quien engaña en una simple tarea -encontraron Rema Hanna y Shing-Yi Wang, investigadores de las universidades de Harvard y Pennsylvania- también es propenso a incurrir en conductas fraudulentas como funcionario público”.
Son meros ejemplos, pero con sensatez nadie puede ser indiferente a la corrupción pues adquiere una legitimación que facilita reproducirla o, peor aún, la convierte en inspiración porque ofrece un ascenso social y económico por la vía rápida.
¿Podrá México superar esta epidemia o ya se acostumbró a vivir con ella?
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