Culiacán, Sin.- Cuando un gobierno estatal se vuelve incómodo para la Federación, sólo hay dos caminos: desplazar del cargo al Ejecutivo local o anular su poder económico y político. En el caso de Sinaloa, la presidenta Sheinbaum tomó la decisión de utilizar esta segunda opción. Al poderosísimo gobernador, que ganó ampliamente en las elecciones, la Federación le ha estado marginando de sus funciones constitucionales. Es decir, gradualmente le está quitando el poder.
Cuando los problemas regionales no encuentran solución, y cuando se gobierna con desgano, la Federación asume responsabilidades metalegales al desplazar a la autoridad local para garantizar la estabilidad política, la actividad económica y la tranquilidad social. Esto es lo que hoy ocurre. Frente a la inseguridad pública, la destrucción de la economía regional y el deterioro en el bienestar de las familias, la Federación intenta actuar para evitar que las cosas se salgan de control.
Por eso, Sinaloa cada vez tiene menos gobierno. Ante la falta de capacidad, y el desinterés por tomar iniciativas, poco a poco la Federación asume funciones estatales. Este proceso ya tiene tiempo. Pero lo más reciente es la militarización de los cargos directivos en materia de seguridad pública. La razón es evidente: en Sinaloa hay una crisis de inseguridad y el gobierno estatal está totalmente ausente ante el problema. Entonces, la Federación se hace cargo de esta función.
Pero no es el único caso. En la entidad tampoco existe política social propia, aun cuando los indicadores de pobreza van en aumento. Lo poco o lo mucho que se hace en este rubro, es exclusivamente por parte del gobierno federal. Hace tiempo que la Federación tiene el manejo total de la política social en Sinaloa. El estado es omiso ante la creciente pobreza.
Además, en Sinaloa tampoco existe un programa económico que genere empleos, inversiones y más empresas. Al contrario, sólo se cierran puestos de trabajo, el desempleo crece, las inversiones huyen y miles de jóvenes emigran hacia otras entidades en busca de un empleo que aquí no existe. El INEGI informa que en Sinaloa no hay crecimiento económico ni generación de empleo. El IMSS sostiene que tenemos los salarios más bajos de todo el país.
El presupuesto federal hacia Sinaloa es cada vez menor. Las finanzas estatales son inoperantes. No se cuenta con programas hacia el campo, cuyo deterioro alcanza proporciones alarmantes. Tampoco existen programas hacia la pesca y la ganadería. Menos aún algunos incentivos para el comercio o a las pequeñas empresas.
El gobierno de Sinaloa ya no funciona. No opera nada. No ofrece soluciones. Carece de capacidad resolutiva ante los problemas. Tampoco dialoga con los sectores sociales y productivos. Estos tienen que ir a la Ciudad de México para que alguien los escuche y les ofrezca alguna esperanza. Ya sabemos que, para la Federación, Sinaloa no tiene ninguna prioridad. Sin embargo, el simple hecho de desplazar del cargo a las autoridades locales, en estos momentos sería de enorme ayuda.
