El anuncio de la fijación de topes a los montos de jubilaciones que generará un ahorro de 5 mil millones de pesos (mdp), es importante en términos de impedir abusos que se presentaban en algunas instituciones de la banca de desarrollo y en las empresas públicas. Casos de altos funcionarios que se retiraban en una y otra entidades públicas y en ambas se les autorizaba una buena pensión, o las pensiones que negociaban líderes sindicales representaban un abuso y una carga fiscal.
Sin embargo, pese al impacto publicitario, esto no va al fondo de la problemática de las pensiones y la insuficiencia de recursos que se viene anticipando desde tiempo atrás. Además de la carga que representan y representarán las pensiones de la administración pública federal, se debe de tomar en cuenta el pasivo pensionario de las entidades federativas y de las universidades públicas de los estados. Ya desde la primera Conferencia Nacional de Gobernadores (la original y combativa y propositiva), los gobiernos estatales revisaban con funcionarios federales, el IMSS y el ISSSTE el estado de la carga pensionaria y se concluía que a la larga no habría presupuesto ni PIB que alcanzara a cubrirla.
En lo que toca a la administración central, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla para las pensiones y jubilaciones que se otorgan a los jubilados del sector público, IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, una cantidad de 1.7 billones de pesos. Por simple demografía, su crecimiento se ha ido acelerando y si en el año 2000 representaban 1.0% del PIB, en 2025 llegaron a 4.6% y se estima que en 2026 serán del 4.4%. Para 2031 se prevé que se mantendrán cerca del 5% del PIB. Como porcentaje del presupuesto, el monto de las pensiones en 2026 representará 16.7%, cuando en 2000 representaba 5.6% del PEF. Este viene a ser otro creciente e “irreductible” del presupuesto, a no ser que, en la revisión de prioridades, a los que ya están tocando esa puerta les cambien injustamente las reglas del juego.
