Desde hace años, pero con más intensidad desde hace meses, escuchamos hasta el cansancio que los "gringos" ya vienen por los narcopolíticos, huachicoleros, lavadores de dinero y demás personajes de la cuarta transformación, presuntos delincuentes todos. En la idea de millones de mexicanos, serán detenidos o extraídos, no extraditados, por autoridades norteamericanas que les harán pagar lo que aquí nunca pagarían. La justicia, para muchos, ya no se espera de las instituciones mexicanas. Se encuentra cruzando la frontera.
Esa esperanza llegó junto con las declaraciones, acciones y decretos de Donald Trump, quien ofreció a su electorado acabar con los narcos mexicanos que dañan a cientos de miles de norteamericanos, muertos o deambulando por las calles a causa del fentanilo y otras drogas que distribuyen los traficantes de nuestro país. A decir de él, la culpa es de México, de su gobierno débil, de sus narcopolíticos y de los grupos criminales. A estos últimos los declaró organizaciones terroristas, con el fin de darle más margen legal a su ejército y sus agencias para eliminarlos dentro y fuera de sus fronteras.
A esas acciones se suman otras que ya hemos atestiguado, como la neutralización de embarcaciones venezolanas con supuesta droga en aguas internacionales y la extracción del propio Nicolás Maduro. La estrategia empezó desde el gobierno de Biden, cuando se negoció con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, quienes aceptaron rendirse a cambio de entregar a otros, como a El Mayo Zambada. Todo esto nos ha hecho pensar que las amenazas contra la narcopolítica mexicana van en serio.
De ahí que investigaciones, trascendidos y filtraciones de instancias como el Departamento de Justicia, fiscalías y agencias antidrogas den cuenta de que ya vienen por los señalados, desde hace años. Unas muestras: entre 2006 y 2024, AMLO fue objeto de una indagatoria de la DEA por presunto financiamiento de campaña con dinero del narco, desde su primera candidatura presidencial. Lo supimos en febrero de 2024, cuando la periodista Natalie Kitroeff publicó en el New York Times que Washington cerró el caso por miedo a un conflicto diplomático. Desde entonces muchos guardan la esperanza de que caiga quien se ganó la etiqueta de #NarcoPresidente, lo cual enfureció al régimen.
Otros esperan que vengan por sus hijos. Desde mayo de 2023, LatinUs y Loret de Mola destaparon la red de contratos y viajes de Andy López Beltrán, lo que instaló la narrativa de que los hijos son el punto débil por el que Estados Unidos podría llevarlos a juicio. Esto se fortaleció con investigaciones como la de Anabel Hernández sobre sus vínculos con Los Chapitos, y con los señalamientos que los ligan al huachicol fiscal a través de su relación con los hijos de Rocha Moya, publicados en Political.mx.
Después de que el Departamento de Justicia solicitó la detención con fines de extradición de 10 políticos morenistas de Sinaloa, volvió a avivarse la esperanza de que ya venían por los narcopolíticos. Súmense las investigaciones de huachicol fiscal que hoy alcanzan a varios gobernadores en funciones, a un secretario de Estado y a una red transversal en distintas dependencias. El Times reveló que al menos una decena de funcionarios morenistas negocian inmunidad por su cuenta con Washington, y ya sabemos que Marina del Pilar ofrece cooperación explícita para salvar el pellejo.
Cada seis o 12 meses cambia el protagonista, de AMLO a sus hijos y a una lista interminable de funcionarios por los que supuestamente ya vienen. La expectativa crece, se especula con extradición o sanción inminente, los funcionarios norteamericanos hacen fuertes declaraciones, el país comenta "ya vienen por ellos" y la consecuencia real nunca llega. No entendemos que al vecino lo mueven sus propios intereses, sus tiempos, sus agendas. La nula esperanza de que nuestro sistema de justicia investigue y llegue a la verdad hace pensar a muchos que la justicia solo verá la luz gracias a Estados Unidos. Sin lugar a dudas, una triste realidad.
Recomendar Nota
