La indignación se queda corta para describir lo que provoca la noticia de la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu.
Sánchez Altamirano brindaba protección y colaboraba, presuntamente, con la facción criminal que operaba en la zona. Los Cromos, con un sujeto apodado La Parca como presunto líder, azotaban a la población gobernada por el alcalde detenido. Las denuncias no son nuevas, llevan meses a causa del recrudecimiento de la extorsión y el cobro de piso, el narcomenudeo, el tráfico de personas y los homicidios, entre otros delitos.
Pero el Quetu, además de cobrar piso a empresarios, cadenas comerciales y pequeños comercios del municipio que él mismo gobernaba, facilitaba el acceso a las cámaras del C2 y alertaba de la presencia de fuerzas federales y estatales, según la fiscalía de Oaxaca. Como formaba parte de la mesa de seguridad del estado, también tenía información sensible y privilegiada sobre cómo se combatían los delitos que el grupo cometía. Según las investigaciones, presionaba socialmente para exigir la liberación de integrantes del grupo criminal ya presos, y los bloqueos que siguieron a su detención apuntan en esa dirección.
A lo anterior hay que sumar que la Auditoría Superior de la Federación detectó más de 105 millones de pesos pendientes de aclarar entre 2022 y 2024, durante su primera gestión (se reeligió).
Presumir la captura del alcalde morenista por sus vínculos con el crimen organizado acarrea aplausos, pero también severos reclamos. Es la permanente contradicción en la que se encuentran los obradoristas. Cada vez que cae uno de los suyos, cualquier propagandista debe cargar con el recordatorio y la confirmación de que son un narcopartido, aunque se busque reconocer las acciones en materia de seguridad pública. El escándalo debería ser mucho mayor, pero no tomó fuerza porque no se activó toda la maquinaria de amplificación que sí se pone en marcha contra críticos y oposición, a pesar de que la noticia la dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La situación es más compleja de lo que parece. El Quetu era cercano al gobernador Salomón Jara, y así lo han señalado voces del propio movimiento, como Benjamín Robles, líder petista en el estado, y algunas diputadas federales. Según Reforma, Jara coordinó durante meses acciones de seguridad con el alcalde, y hoy se deslinda diciendo que le duele cuando alguien del movimiento cambia su misión por ambición. La detención llegó cinco días después del ataque a su taller sufrido por una artesana muxe, creadora del vestido que la presidenta usó en el Grito. El caso escaló a los medios y la presidenta la recibió para escuchar de viva voz la situación de miedo que viven los habitantes de ese municipio.
Juchitán no es un caso aislado. En febrero cayó el alcalde de Tequila, Jalisco; en mayo, los de Atlatlahucan y Cuautla, en Morelos. A principios de este mes, los de Tepeyahualco y Esperanza, en Puebla, señalados por robo al autotransporte, extorsión y secuestro. Todos llegaron al cargo con siglas, campaña y el aval de un partido, y ningún filtro los detuvo.
El Quetu fue nombrado por Morena “coordinador de defensa de la 4T” en Juchitán en marzo de 2024, y ese mismo partido repite hoy el proceso para elegir a sus coordinadores (sus candidatos). No hay más filtro que el padrinazgo y la capacidad de ganar con recursos de cualquier origen. De las autoridades electorales no se puede esperar que frenen a la narcopolítica. Se renuevan mil 802 ayuntamientos, cada uno con su policía, tesorería, catastro y secretaría de obras, justo las áreas donde el operativo Enjambre ha encontrado redes de extorsión. Los alcaldes se van presos y la red se queda en la nómina. Este fenómeno criminal se perpetuará si los partidos, todos, no depuran sus listas. Habrá otro botón de muestra y otro escándalo que nadie quiso ver a tiempo.
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