Hace unos días se llevó a cabo la detención, entre otras personas, de Ernesto Ruffo, por la supuesta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal. Seguro para los más jóvenes ese nombre no les dice mucho, pero fue el primer gobernador de oposición en la vida política moderna de nuestro país, al convertirse en mandatario de Baja California por el PAN en la época salinista. La detención ocurrió en medio de escándalos mediáticos de la gobernadora de Baja California y el gobernador con licencia de Sinaloa, ambos del partido oficialista y a quienes se les ha defendido como posición de Estado, esto desde luego abona a la suspicacia sobre la verdadera motivación del caso del otrora gobernador de Baja California.
Desde luego que el proceso penal que se ha iniciado a Ruffo tendrá que desarrollarse en sus propios méritos. Hemos empezado a conocer algunos de los detalles del caso, de voz de los abogados del detenido, que parecen “esclarecer” algunos puntos centrales de la trama. Sin embargo, y al margen del desarrollo del caso, es de llamar la atención no solo la coincidencia temporal con los escándalos mediáticos y donde el Estado se ha constituido en férreo defensor de los acusados integrantes de su movimiento político, sino además que desde la dirigencia del partido en el poder hubieren salido a descalificar a quien supuestamente es el abogado de la persona detenida, y al mismo tiempo la Consejería Jurídica del gobierno federal pide explicaciones de por qué un juez federal otorgó una suspensión en el caso e incluso sugiere que debiera actuar el Tribunal de Disciplina Judicial para revisar la actuación de los jueces. Esta clase de activismo en un caso con estos actores no hace sino aumentar las dudas y suspicacias.
Tal vez convendría recordar al oficialismo el alcance del principio de presunción de inocencia, el cual pareciera no tienen tan presente dada la aseveración de que el detenido tendría que probar su inocencia; así, valdría la pena que alguno de sus asesores, que fueron férreos defensores de dicho principio en el pasado, se los explicase de manera clara y sencilla. El derecho penal no puede ni debe ser utilizado para hacer política. Las fiscalías no deben ser, bajo ningún concepto, oficinas a modo para realizar política partidaria en favor o en contra de persona alguna. Es claro el desprecio por el derecho del grupo en el poder, por eso les resulta natural (casi obligado, según pudimos constar en días pasados) el incumplimiento de las normas, cuando a su juicio es contrario a lo que ellos consideran lo mejor para el pueblo.
¿Para esto querían una reforma judicial: para poder tener jueces a modo que accedieran ante sus peticiones de origen político? Ojalá y la justicia se imponga en este caso. Sin embargo, algo huele muy mal cuando desde las altas esferas políticas y gubernamentales parece querer guiarse el curso de los procesos judiciales, lanzando vituperios a los abogados defensores y recriminando, e incluso presionando para que los jueces actúen de la manera que les resulta más conveniente, con el claro objetivo sino de tapar sus propios escándalos mediáticos, por lo menos de igualar la cancha, enlodar al vecino en aras de no ser los únicos señalados.
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