En los melodramas los personajes se mueven en una escala de grises: tienen matices y picos en su actuación, ni los malos son siempre malos, ni los buenos, a toda costa, buenos. Un tribunal es algo parecido: lo integran personas con una participación colegiada, a partir de posiciones individuales que se plasman en proyectos y votos, sustentados en argumentos. Como en el cine, la interacción entre los individuos y el colectivo es, en ciertos sentidos, indisoluble.
Hace un par de días la magistrada Mónica Soto, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, renunció a su cargo con efectos a partir del 31 de agosto. La renuncia es penosa por varios motivos: hace patente que el concepto de causa grave, previsto en la Constitución para justificar este tipo de salidas, se ha vuelto letra muerta. Ocurre, además, en una dinámica en que la espiral de descomposición del órgano es patente: desde que se decidió extender el periodo de las y los magistrados —también en más de una ocasión— hasta las penosas y anómalas situaciones en torno al cambio de presidencia, igualmente repetidas.
A ello se suma un riesgo adicional: la renuncia deja a la Sala Superior con solo cinco de sus siete integrantes, sin mecanismo constitucional claro para cubrir la vacante. El previsto en la reforma de junio de 2026 —que la ocupe la persona del mismo género que quedó en segundo lugar de votación— no aplica al caso de Soto, quien llegó al cargo por designación del Senado en 2016, antes de la elección judicial. El riesgo es que el órgano quede incompleto hasta 2028, algo que ya ocurrió antes: la propia Sala Superior operó con vacantes casi dos años antes de integrarse por completo. No es un supuesto menor: es el tribunal que calificará el proceso electoral de 2027.
Pero lo que más evidencia esta decadencia son las decisiones con consecuencias trascendentales para el país, como la que validó una distribución de curules en el Congreso que no representaba la votación ni, por tanto, el sentir popular —quizás el mayor error del tribunal en su historia reciente—, y la magistrada que hoy renuncia formó parte de la mayoría que lo hizo posible.
Sobre su salida circulan versiones —no confirmadas— de que buscaría una posición en el servicio exterior mexicano. Vale decirlo con claridad: de ocurrir, contravendría el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíbe a quien deja este tipo de cargos ocupar cualquier puesto en la administración pública federal durante los dos años siguientes, bajo pena de delito electoral. Es un escenario hipotético mientras no haya nombramiento de por medio, pero conviene tenerlo presente si se confirma.
Un tribunal relativamente joven, que emergió en un momento de efervescencia democrática y construyó un sistema electoral robusto, con juristas relevantes y decisiones que en su momento ayudaron a consolidar la democracia del país, termina hoy asociado también a estos episodios de desgaste.
Pasar sin pena ni gloria describe una condición de irrelevancia, de poca o nula importancia —una calificación poco amable, reservada a lo que no deja huella—. Aquí ocurrió lo contrario: la magistrada saliente deja tras de sí mucha pena y nada de gloria. Fue la misma que, con sus icónicos lentes morados como estandarte de una causa feminista, usó su voto de calidad como presidenta para inclinar la balanza en el caso "Dato Protegido": la sanción a una ciudadana por un tuit crítico hacia una diputada bien conectada políticamente, en un fallo que la prensa señaló como uso selectivo del enfoque de género —aplicado con dureza contra una ciudadana sin poder, y en beneficio de una figura del poder político—. Entre el símbolo y el voto que definió ese caso, terminó pesando más el segundo.
Recomendar Nota
