Es señalada por presuntamente utilizar su puesto para favorecer su actividad profesional y emplear recursos públicos en asuntos privados
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Es señalada por presuntamente utilizar su puesto para favorecer su actividad profesional y emplear recursos públicos en asuntos privados
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, irá a juicio acusada de haber utilizado presuntamente su posición como mujer del jefe del Ejecutivo para favorecer su actividad profesional y de haber empleado recursos públicos para asuntos privados.
El juez Juan Carlos Peinado ordenó este lunes la apertura de juicio oral contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Será juzgada por un jurado popular.
El caso requiere explicar quién es Begoña Gómez. No ocupa ningún cargo en el Gobierno. Durante años trabajó en consultoría y, después de que Sánchez llegara al poder en 2018, desarrolló actividades académicas en la Universidad Complutense de Madrid, una institución pública.
Allí codirigió una cátedra extraordinaria sobre Transformación Social Competitiva. El juez sostiene que debe juzgarse si Gómez aprovechó su condición de esposa del presidente para conseguir la creación de esa cátedra y favorecer sus actividades profesionales.
Ese es el origen de la acusación por tráfico de influencias: determinar si la cercanía con el hombre más poderoso del Gobierno español fue utilizada para obtener un trato que no habría recibido una ciudadana común.
El segundo frente es la malversación de recursos públicos.
Gómez tenía asignada en el Palacio de La Moncloa —sede del Gobierno y residencia oficial del presidente— una asistente pagada por el Estado, Cristina Álvarez. La investigación sostiene que esa funcionaria no se limitó a asistirla en actividades relacionadas con su condición de esposa del presidente, sino que realizó gestiones vinculadas con los proyectos profesionales privados de Gómez.
Peinado considera que existen indicios suficientes para que un jurado determine si Gómez fue “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria” de la utilización de una empleada pública para tareas ajenas a las funciones institucionales por las que era pagada. Álvarez también irá a juicio por presunta malversación.
Hay otro episodio relacionado con la cátedra: un programa informático desarrollado para sus actividades.
La acusación popular sostiene que ese software, desarrollado con recursos vinculados a la universidad pública, terminó bajo el control de intereses relacionados con Gómez mediante marcas, un dominio de internet y una sociedad mercantil. La Universidad Complutense reclama 113,509 euros por el perjuicio que afirma haber sufrido.
La acusación popular encabezada por la organización Hazte Oír pide para Gómez 13 años de prisión. Esa es la petición de los acusadores, no una condena. La Fiscalía, por el contrario, considera que no hay delito y solicita la absolución, al igual que las defensas.
La investigación comenzó en abril de 2024 y ha sido controvertida. Peinado llegó a atribuir a Gómez cuatro delitos, pero la Audiencia Provincial de Madrid corrigió parte de su instrucción y dejó fuera del futuro juicio los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Permanecieron tráfico de influencias y malversación.
El juez no impuso este lunes medidas cautelares a Gómez, aunque ordenó conocer su capacidad económica y obtener sus cinco últimas declaraciones de impuestos ante las posibles responsabilidades económicas derivadas del juicio. Peinado se jubilará esta misma semana.
Begoña Gómez se convertirá así en la primera esposa de un presidente del Gobierno español en funciones que se siente en el banquillo. Pedro Sánchez no está acusado en esta causa.
El Gobierno reaccionó defendiendo la inocencia de Gómez y calificó la investigación de “arbitraria e injusta”. Sostiene que existe una persecución judicial contra ella por ser esposa del presidente.
Después de casi dos años y medio de investigación, la discusión deja de estar exclusivamente en manos del juez Peinado. Un jurado deberá decidir ahora si las actividades profesionales de Begoña Gómez fueron legítimas o si, como sostienen las acusaciones, se sirvió de su cercanía al poder y de recursos pagados por los españoles para favorecer intereses particulares.
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