El pasado 14 de octubre, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibió el informe de la auditoría que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) realizó en agosto. El documento contiene 21 observaciones. En diciembre, la FAA volverá para verificar si se atendieron; en febrero, sabremos si México conserva la Categoría 1 —máxima calificación en seguridad aérea— o se une a países como Bangladesh, Rusia y Venezuela.
México ya conoce el costo de perder esa calificación: en 2021, la FAA nos clasificó en la Categoría 2 por insuficiencias en la supervisión. Durante 27 meses, las aerolíneas mexicanas no pudieron abrir nuevas rutas hacia EU ni ampliar sus acuerdos de código compartido. Sus pérdidas superaron los 9 mil millones de pesos (CNET).
¿Qué exige ahora la autoridad estadounidense? Algunas observaciones obligan a actualizar normas y manuales técnicos; otras requieren fortalecer, nuevamente, supervisión y capacitación. Eso demanda equipo especializado y salarios que permitan retener a los inspectores, algo que la FAA ya había señalado tras la degradación anterior (INIJA).
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contradice ese objetivo. Se propone asignar sólo 175.5 millones de pesos a la AFAC, 73% menos que lo aprobado para este año, pese a que especialistas estiman que la agencia necesita entre 1,200 y 2,000 millones para cumplir sus funciones. Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), por su parte, sufrirían un recorte de 75%. El ajuste es difícil de explicar si se considera que la AFAC recauda por licencias y certificaciones más de lo que recibe, aunque sus ingresos se transfieren directamente a la Tesorería de la Federación.
Los antecedentes deberían bastar como advertencia. En 2021 —precisamente el año de la degradación— la agencia ejerció 552 millones de pesos; en 2022, cuando la prioridad era recuperar la Categoría 1, ejerció 944 millones, casi el doble de lo que se le había aprobado. El respaldo necesario llegó hasta después del daño.
Nuestro país conserva formalmente la Categoría 1 mientras la FAA no resuelva lo contrario. La SICT asegura que atendió todos los requerimientos y que Hacienda garantizará los recursos mediante reasignaciones durante la discusión del PPEF. No obstante, fue el propio Ejecutivo quien envió a la Cámara de Diputados una propuesta que reduce en más de 70% el presupuesto de las instituciones que sostienen la seguridad aérea del país.
El compromiso de Hacienda es bienvenido, pero debe traducirse en cifras firmes en el PEF. El cumplimiento de los criterios de evaluación de la FAA depende en buena medida de un financiamiento adecuado. El presupuesto para la seguridad aérea nacional será, por tanto, una prueba concreta de la voluntad del Estado mexicano para sostener e incrementar sus capacidades en esa materia. La reasignación debe ser suficiente y quedar explícita en el decreto, sin depender de ampliaciones discrecionales a lo largo del año.
Además, los recursos existen: las reformas a la Ley Federal de Derechos aprobadas recientemente incrementan en 10% las cuotas que pagan las aerolíneas por usar el espacio aéreo, un cobro que recauda más de 7 mil millones de pesos al año, casi el doble del presupuesto de SENEAM.
En 2023, cuando México recuperó la Categoría 1, escribí que se trataba de un logro de Estado, resultado de cambios legales e institucionales en los que participó el Congreso Federal. Ahora nos corresponde preservarlo. Tenemos hasta el 15 de noviembre para dotar a la autoridad aeronáutica de los recursos que necesita. Arriesgarnos a una nueva degradación por un falso ahorro sería un grave error. Lo resentirían la industria, la seguridad y experiencia de los pasajeros, pero también el desarrollo nacional, que tiene en la conectividad global una de sus más valiosas herramientas.
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