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Información para decidir con libertad

Censura disfrazada y mañanera sin réplica

Los derechos de las audiencias son legítimos. Las personas tienen derecho a distinguir información, opinión y publicidad; a recibir contenidos accesibles; a presentar quejas y a exigir una réplica cuando se difundan datos falsos que les causen daño. El problema es que se utilice la narrativa de la defensa de esos derechos como pretexto para que el gobierno decida qué es verdad, cuánto contexto debe tener una noticia y qué opiniones pueden difundirse.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La redacción de estos lineamientos enciende alertas: introduce conceptos ambiguos como “información veraz”, “información descontextualizada”, “objetividad” y “pluralidad”. La propia CRT confirma el periodo y el carácter consultivo de la propuesta.

¿Quién determinará cuánto contexto es suficiente? Si un medio informa sobre un homicidio, el gobierno podrá reclamar que omitió cierta información. Si revela corrupción, podrá exigir que también hable de gobiernos anteriores. Si cuestiona una política pública, podrá acusarlo de no incluir todas las cifras oficiales. En pocas palabras, el gobierno ya no tendría que desmentir el hecho central, sino que le bastaría con alegar que fue presentado sin el “contexto adecuado”.

Los medios también deberán elaborar códigos de ética, designar defensorías, atender quejas y someterse a la vigilancia de la CRT. La misma autoridad redactará las reglas, interpretará su alcance, supervisará su cumplimiento y podrá promover procedimientos sancionadores. El procedimiento mismo puede convertirse en castigo: quejas orquestadas, requerimientos, abogados, gastos y meses de defensa.

No es la censura tradicional que clausura una estación o prohíbe una nota antes de publicarse. Es una censura indirecta, más sofisticada: elevar tanto el costo de investigar y criticar al poder que al final provoque que periodistas y medios terminen autocensurándose.

Pero la contradicción más escandalosa está en Palacio Nacional. Mientras Morena pretende exigir a los medios veracidad, contexto, rectificación y derecho de réplica, la mañanera permanece fuera de cualquier control efectivo. Desde esa tribuna se presentan cifras parciales, se mezclan datos con propaganda, se formulan acusaciones sin pruebas y se descalifica a periodistas, opositores y ciudadanos.

El gobierno incluso cuenta con un espacio semanal para responder a quienes lo critican, pero no concede una oportunidad equivalente a quienes son exhibidos desde la conferencia presidencial. El poder puede contestarle a todos, pero nadie puede defenderse del poder.

La mañanera no es una conversación privada, es un acto oficial, organizado por la Presidencia, financiado con dinero público y amplificado por los canales del Estado. Por eso debe estar sujeta a obligaciones de verificación, rectificación y réplica. La Constitución reconoce este último derecho y la legislación lo vincula con datos falsos o inexactos que causen un agravio.

No se trata de censurar a la presidenta ni de impedirle expresar opiniones políticas. Se trata de que asuma ese rol de comunicar con la responsabilidad política que amerita, que las afirmaciones sean objetivamente verificables y tengan sustento y, sobre todo, que toda persona señalada por la presidenta pueda responder en el mismo espacio y con un alcance equivalente.

La regla debe ser clara y pareja: libertad plena para opinar; responsabilidad para acusar. Una instancia independiente debe resolver las controversias, nunca una autoridad subordinada al Ejecutivo. Si acusa, que pruebe. Si miente, que corrija. Si señala, que permita responder.

Morena quiere vigilar a la prensa, pero se niega a que alguien vigile al gobierno, quiere convertirse en árbitro de la verdad, mientras conserva para sí un territorio de impunidad, pero la verdad no puede tener una regla para los ciudadanos y otra para el poder. Por ello desde el Partido Acción Nacional proponemos que se garantice a los ciudadanos el derecho de réplica de lo que se diga en la mañanera.

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