En democracia, las palabras no las autoriza el gobierno. Las construyen los hechos. Por eso, aunque ya no sorprende, preocupa profundamente que Morena haya acudido al Instituto Nacional Electoral para solicitar que se retiraran publicaciones en las que se le calificaba como “narcopartido” y que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concediera medidas cautelares para eliminar esos contenidos, mientras resolvía el fondo del asunto. No porque el insulto deba sustituir al argumento. Sino porque resulta muy peligroso que una autoridad administrativa pretenda decidir qué expresiones son aceptables dentro del debate político.
El INE fue creado para organizar elecciones, garantizar equidad y proteger el derecho al voto de los ciudadanos, no para convertirse en un ministerio de la verdad encargado de determinar qué calificativos pueden utilizar los mexicanos para referirse al partido en el poder.
Pero además existe una contradicción de fondo. El fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y muchos de quienes participan en ese partido, construyeron su movimiento durante décadas a base de usar adjetivos calificativos contra los partidos que los antecedieron en el poder. Nunca jamás hubo un precedente de queja de sus integrantes, pero mucho menos se vislumbraba la posibilidad de sanción por parte del INE a quienes se expresaran de manera crítica contra quienes ostentaban el poder.
Las etiquetas no nacen de un acuerdo entre opositores, nacen de la percepción pública construida por los hechos y durante los años en que ha gobernado Morena los mexicanos hemos visto acumularse una larga cadena de episodios que alimentan la percepción de que actores de Morena están vinculados al crimen organizado, entre otras cosas, el retiro de visas e investigaciones abiertas en Estados Unidos a gobernadores, legisladores y figuras relevantes del morenato señalados públicamente, cosa que nunca antes había pasado, pero también asesinatos de alcaldes y periodistas como nunca antes; desgobierno y violencia en varias regiones del país fuera de control, que ha impactado considerablemente en el aumento de homicidios y desapariciones, y regiones completas donde el crimen organizado parece decidir más que las propias autoridades.
Cada caso tiene su propia historia y cada persona conserva su derecho a la presunción de inocencia, pero negar que existe un patrón de señalamientos cada vez más amplio sería cerrar los ojos frente a una realidad.
Por eso resulta paradójico y absurdo que desde el poder quieran callar las voces que llaman a las cosas por su nombre en lugar de actuar para acabar con esa percepción y esos calificativos que se han ganado a pulso. Como si eliminando el término pudiera eliminarse el problema.
En una democracia, las autoridades no deben proteger a los partidos de las críticas, deben proteger el derecho de los ciudadanos a formularlas. Hoy el calificativo incómodo es “narcopartido”, mañana podría ser “corrupto”, “autoritario”, “represor” o cualquier otra expresión que incomode al gobierno en turno.
El precedente es mucho más grave que la palabra. Si aceptamos que una autoridad administrativa determine cuáles calificativos pueden utilizarse en el debate público, estaremos aceptando que el Estado empiece a fijar los límites del pensamiento político, y esa nunca ha sido la función del INE.
Las democracias no se fortalecen censurando palabras. Se fortalecen investigando hechos. Porque si un partido considera injusto el calificativo que recibe, la solución nunca será prohibir que se pronuncie. La única forma de borrar un calificativo es dejar de dar motivos para que millones de mexicanos lo consideren verosímil.
Recomendar Nota
