Las revelaciones periodísticas de estos días sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE exigen una investigación inmediata. Está en juego la integridad de la autoridad responsable de organizar nuestras elecciones. Exijamos cuentas y cerremos las puertas a su captura.
El jueves pasado, por invitación del doctor Mauricio Merino, participé en Guadalajara en el XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, dedicado a las amenazas de la corrupción en el proceso electoral. Mi intervención abordó la presencia de la delincuencia organizada en las elecciones y las responsabilidades de instituciones y actores políticos para enfrentarla.[1]
Hace unas semanas, en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, propuse diez nuevos paradigmas para analizar la integridad electoral. Uno plantea pasar de la violencia que altera elecciones a la violencia que busca capturar el poder público. Su alcance va más allá de los resultados: busca controlar nombramientos, presupuestos, contratos, información y decisiones institucionales.[2]
Las investigaciones periodísticas señalan directamente a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a servidores y exservidores de su círculo por sus vínculos y decisiones relacionados con empresas proveedoras. Los señalamientos abarcan distintos contratos y rubros del gasto institucional, por lo que exigen una revisión integral. Debe investigarse la actuación de cada persona señalada: sus decisiones, sus vínculos y las posibles omisiones en el ejercicio de sus responsabilidades.
Ese paradigma obliga a examinar también las vulnerabilidades del árbitro. La corrupción administrativa puede generar dependencias, compromisos y silencios que faciliten la injerencia de intereses privados o criminales en la organización electoral. La captura puede avanzar mediante favores y beneficios económicos, y combinarse con amenazas cuando encuentra resistencias.
Los estándares anticorrupción buscan cerrar esas puertas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exige contrataciones basadas en transparencia, competencia y criterios objetivos, junto con auditorías, controles internos y gestión de riesgos. Prevenir conflictos de interés es una salvaguarda para impedir que intereses particulares condicionen decisiones públicas.[3]
Nuestra Constitución mandata administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. También ordena que la función electoral se conduzca con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Ambos mandatos alcanzan la administración del INE.
Una contratación dirigida puede comprometer mucho más que el presupuesto: generar influencia sobre funcionarios, dependencia de proveedores o acceso indebido a información y procesos sensibles.
Taddei debe rendir cuentas sobre su propia actuación. Su explicación no sustituye una investigación independiente. El Consejo General debe exigir respuestas documentadas. Deben transparentarse los expedientes de contratación, los criterios de adjudicación, los vínculos relevantes entre funcionarios y proveedores, las pruebas de cumplimiento de los contratos y el estado de las observaciones de auditoría, con las reservas estrictamente legales. El Órgano Interno de Control debe investigar con independencia. Rendir cuentas exige explicar, corregir y asumir consecuencias.
La Cámara de Diputados debe integrar una comisión especial plural, con objeto y plazo definidos, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar seguimiento a las investigaciones competentes. Los partidos deben exigirlo por el bien de las elecciones. La legislación permite crear comisiones especiales para atender asuntos específicos. Su trabajo debe producir información verificable y resultados públicos.
La Auditoría Superior de la Federación debe revisar integralmente las contrataciones señaladas y promover las responsabilidades procedentes. El artículo 79 constitucional permite, bajo los supuestos legales y a partir de denuncias, revisar incluso el ejercicio fiscal en curso.
La integridad electoral se protege durante todo el ciclo, incluidas las condiciones institucionales para organizarlo. La opacidad y los conflictos de interés debilitan las barreras frente a otros corruptores. Investigar permitirá determinar hasta dónde han llegado esas vulnerabilidades; prevenir la captura exige actuar ahora.
Con los procesos electorales en marcha, existen instrumentos para actuar oportunamente. La ciudadanía tiene derecho a exigir que se utilicen. Defender la autonomía del INE exige también rendición de cuentas a quienes lo conducen.
[1] XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2026.
[2] María del Carmen Alanís Figueroa, conferencia magistral “Integridad electoral: nuevos paradigmas”, Congreso Internacional sobre Estudios Jurídicos Contemporáneos, Benemérita Universidad Autónoma de 26 de agosto de 2026. https://ciu2026.unach.mx/
[3] Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Artículo 9, https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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