Cuando conocí el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, se me puso la piel de gallina. Reconocer sus esfuerzos por promover la paz y el derecho internacional, tiene una enorme relevancia en un mundo donde los poderosos pretenden decidir quién puede ser investigado y quién debe permanecer impune.
El premio respalda una trayectoria dedicada a la protección internacional de los derechos humanos. También reivindica a las instituciones encargadas de exigir responsabilidades por los crímenes más graves. Defender su independencia es defender a las víctimas que difícilmente encontrarían justicia frente al poder de sus agresores.
La respuesta del gobierno de Donald Trump mostró la dimensión de esa disputa. Horas después del anuncio, impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional. Marco Rubio las justificó afirmando que impedirían procesar a estadounidenses y limitarían los recursos y la capacidad de operación del tribunal. Castigar a una corte por ejercer su función, expresa una peligrosa pretensión de inmunidad frente a la justicia internacional.
El reconocimiento a Navi me regresó a un encuentro que compartimos hace 12 años en Florencia: Parity on the bench. Durante tres días, juezas de distintas partes del mundo conversamos sobre los obstáculos que habíamos enfrentado para llegar a las más altas cortes y las restricciones que persistían una vez en ellas. Ejemplos: el turno de asuntos podía alterarse cuando a una jueza le correspondía resolver un caso de género o discriminación. Algunos colegas suponían que favoreceríamos inevitablemente a la mujer que reclamaba justicia. Una participante relató que no podía conocer asuntos relacionados con la orientación sexual porque era abiertamente homosexual.
Nuestra identidad se convertía en sospecha de parcialidad; la de los hombres parecía garantizar neutralidad. Yo compartí lo ocurrido durante la impugnación que dio origen a la sentencia SUP-JDC-12624/2011. Los presidentes de los tres principales partidos mexicanos, que difícilmente coincidían en algo, acudieron juntos a la Sala Superior del Tribunal Electoral para reunirse con los magistrados hombres y combatir la exigencia de cumplir la cuota de género. Lo hicieron un día en que yo, la única mujer integrante de esa Sala, estaba ausente.
Escuché también a Navi. Recuerdo las enormes presiones que relató y la fuerza con la que hablaba de su lucha contra el apartheid y de su trabajo sobre el genocidio en Ruanda.
En 1998 integró la sala del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que condenó a Jean-Paul Akayesu. Aquella sentencia reconoció que la violación y la violencia sexual pueden constituir actos de genocidio cuando se cometen con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. Las agresiones contra las mujeres tutsis formaban parte de ese proceso de destrucción.
Los crímenes sexuales no figuraban en la acusación inicial. Los testimonios permitieron incorporarlos al proceso. Escuchar a las sobrevivientes abrió el camino para juzgar lo que había quedado fuera del expediente.
Después fue jueza de la Corte Penal Internacional y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Impulsó una protección que trasciende fronteras y confronta la discriminación, incluida la violencia contra las personas por su orientación sexual. Su trayectoria conecta justicia, dignidad e igualdad.
He escrito reiteradamente sobre las mujeres ruandesas que, atravesadas por el dolor, tejieron redes para reconstruir sus comunidades. En México, hemos demostrado también la fuerza de las alianzas entre mujeres para exigir y restituir derechos políticos.
El Nobel de Navi Pillay reconoce esa larga lucha por hacer de los derechos una realidad exigible. Frente a las amenazas contra la justicia internacional, su ejemplo cobra mayor fuerza.
Aquellos días en Florencia siguen conmigo. Llegar no bastaba. Había que poder juzgar, ser escuchadas y resistir. Este Nobel honra a una mujer que lo hizo, y nos convoca a defender las condiciones para que muchas más puedan hacerlo.
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