La realidad allí está. La inversión registra, en los últimos dos años, una caída de 9%, la inversión pública en el primer bimestre de este año se colapsó un 45%, y de acuerdo con datos del IMSS, el número de empleadores está disminuyendo.
El gobierno parece reaccionar. Desde su lógica soviética de planear la actividad económica, abrió espacios para la participación privada en la industria eléctrica y recientemente en el sector de hidrocarburos. Este fin de semana la presidenta Sheinbaum nos regaló una de sus mejores frases: “El Estado no puede hacer todo”. Nada más se tardaron 93 meses en darse cuenta o al menos eso dicen. Han sido 93 meses de pesadilla para la libertad económica, la inversión y la generación de empleos.
Empezamos en agosto de 2018 con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). No sólo se trató de la interrupción de una de las obras de infraestructura más necesarias para el país, fue la señal inaugural de un nuevo régimen económico en México. Uno donde el gobierno, todopoderoso, puede cambiar las reglas sobre la marcha, donde los contratos son revisables y donde la ideología empezaba a sustituir a las instituciones.
Durante años, México había construido un andamiaje mínimo de certidumbre: órganos autónomos que regulaban sectores clave, tribunales que resolvían controversias y un marco legal que permitía a la inversión privada operar con horizontes de largo plazo. La cancelación del NAICM rompió ese equilibrio. No fue un hecho aislado: fue el primero de muchos.
La demolición de la certeza jurídica ha sido brutal. Con el nuevo Poder Judicial se impusieron jueces a modo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformó en la instancia validadora de las transgresiones legales del gobierno.
Los órganos reguladores en el sector energético se transformaron. Ya no buscan darle certeza a la inversión privada frente a los monopolios estatales, ahora todo está diseñado para favorecer a Pemex y a CFE. Además, la regulación en materia de competencia económica y en telecomunicaciones está semidestruida y ya nadie vela por condiciones mínimas de competencia en estas materias.
Las instancias hacendarias también se han transformado. La UIF y el SAT son poderosos instrumentos para someter a los incómodos. Bloquear cuentas bancarias sin orden judicial y la recaudación agresiva de adeudos fiscales (a veces fincados de manera irregular) son cada vez más frecuentes.
La inversión privada exige reglas claras, árbitros confiables y la certeza de que las decisiones no cambiarán retroactivamente. Cuando estos elementos desaparecen, el capital no necesariamente se va de inmediato, pero sí se vuelve más cauteloso, más selectivo y, sobre todo, más caro.
Texcoco visto en retrospectiva, no fue el problema. Fue la advertencia.
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