Se han reducido las expectativas de crecimiento económico. Lo que parecía una desaceleración temporal, hoy se perfila como la nueva normalidad. La mayoría de los analistas estima que la economía apenas crecerá por encima de 1% en los próximos años, y 0% (¡si cero por ciento!) de los encuestados considera que es un buen momento para invertir, lo anterior de acuerdo con la encuesta de especialistas privados de Banxico.
México ha dejado de crecer porque hemos destruido al Estado de derecho. Economistas de todas las corrientes han estudiado las causas del crecimiento económico y aunque existen diferentes opiniones, hay consenso en un punto: los países que respetan el Estado de derecho crecen más que aquellos que no lo hacen.
La inversión requiere confianza. Nadie arriesga su patrimonio en un país donde los contratos pueden desconocerse, donde la propiedad privada carece de protección efectiva o donde las reglas cambian arbitrariamente. La prosperidad no surge de decretos gubernamentales; surge cuando se tiene la certeza de que el patrimonio y la inversión están protegidos por instituciones confiables. Los países que ocupan los primeros lugares en los índices de Estado de derecho son también los que registran mayores niveles de crecimiento económico.
Por desgracia, México ha seguido la ruta contraria. La destrucción del Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, la creciente concentración del poder y la percepción de que instituciones como el SAT o la UIF pueden utilizarse con fines políticos han deteriorado la confianza de inversionistas.
Peor aún, en nuestro país la debilidad del Estado de derecho no se limita a la incertidumbre jurídica o a la debilidad institucional. Hemos entrado en una fase mucho más peligrosa: en amplias regiones del país, el Estado mexicano ha sido sustituido por la delincuencia organizada.
Los grupos criminales cobran impuestos mediante el cobro de piso. Deciden quién puede abrir un negocio y quién no. Determinan qué mercancías pueden transportarse y cuáles no. Imponen castigos, resuelven disputas, administran territorios y distribuyen apoyos económicos. Ejercen funciones que en cualquier democracia corresponden al Estado.
Por eso resulta preocupante que el gobierno siga confundido. La verdadera pérdida de soberanía no ocurre cuando una nación coopera con otras para perseguir criminales. La verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando el gobierno pierde el control de partes de su territorio y permite que organizaciones criminales sustituyan sus funciones esenciales.
Si un delincuente mexicano tiene cuentas pendientes con la justicia de otro país, colaborar para que responda por sus actos no es una cesión de soberanía. Es precisamente el ejercicio responsable de un Estado que forma parte de una comunidad internacional regida por normas y tratados.
La discusión sobre el bajo crecimiento económico de México no puede separarse de la discusión sobre el Estado de derecho. Mientras sigamos debilitando nuestras instituciones y tolerando la captura criminal de territorios enteros, seguiremos preguntándonos por qué no crecemos. La respuesta es simple: ninguna economía puede prosperar cuando la ley deja de gobernar.
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