El 11 de agosto, el Parlamento húngaro eligió presidente a András Baka con 140 votos a favor y seis en contra. Así, el antiguo presidente del Tribunal Supremo llega al cargo a hombros de la mayoría de Péter Magyar y con una incógnita: ¿podrá limitar a quienes lo eligieron?
Además, la biografía del elegido carga la pregunta de ironía. Pocos saben mejor que Baka lo que significa que una mayoría reescriba las condiciones de permanencia de un cargo. En 2012, una reforma constitucional hecha a la medida abrevió su mandato al frente del Tribunal Supremo; el Tribunal de Estrasburgo condenó años después aquella maniobra.
Ahora llega a la presidencia por una vía parecida. En julio, otra reforma constitucional abrió la puerta para acortar el mandato de Tamás Sulyok y sustituirlo. Antes de elegir al sucesor, la mayoría cambió las reglas de salida del titular. La operación admite dos lecturas: la corrección de una institución capturada o el precedente de que basta juntar votos para interrumpir el mandato de quien debía limitar a la mayoría.
Fidesz boicoteó la elección y denunció el procedimiento. El reproche, sin embargo, tiene memoria: durante una década y media, el partido de Orbán perfeccionó el arte de ajustar la Constitución al calendario de sus intereses. La advertencia sobrevive a la hipocresía de quien la formula. Organizaciones civiles han señalado la velocidad y la escasa consulta de algunas reformas, y esa inquietud merece algo mejor que el desdén reservado a los nostálgicos del régimen anterior.
Magyar tiene, además, razones serias. Un régimen que se retira suele dejar bastiones: funcionarios con mandatos largos, leyes blindadas por mayorías de dos tercios y reglas capaces de prolongar su influencia más allá de una derrota electoral. Exigir que la transición venere cada una de esas reglas convertiría la alternancia en ceremonia.
El criterio que separa la reconstrucción de la revancha es exigente; cada intervención debería justificarse por el daño institucional que repara, y la regla que la sustituya tendría que seguir pareciendo aceptable el día en que la presidencia quede en manos de un adversario. Una destitución puntual podría ser necesaria; pero, convertida en fábrica de revanchas, deja a cada funcionario inconforme bajo amenaza. La prueba consiste en pensar las instituciones como si no supiéramos quién las ocupará mañana.
El mandato presidencial condensa el dilema. Su duración protege a una persona, pero protege sobre todo una conducta: la de quien sostiene decisiones impopulares sin calcular cada mañana el costo de conservar el puesto. Orbán aprovechó esa garantía para blindar lealtades; corregir el abuso exige preservar la función. De otro modo, la presidencia quedará libre del gobierno anterior y sujeta al humor del siguiente.
Baka podrá devolver leyes al Parlamento o remitirlas al Tribunal Constitucional. Su autonomía tendrá una prueba concreta: sostener una objeción fundada frente a la mayoría que lo eligió y conservar el cargo después de hacerlo. Un desacuerdo pagado a precio político diría más sobre la reconstrucción democrática que los 140 votos de la investidura.
El poder necesario para deshacer un régimen no puede volverse atribución permanente para rehacer cualquier institución que estorbe. Magyar tendrá que aceptar que las herramientas de su reconstrucción terminen limitando su propia capacidad de decisión. La alternativa es quedarse con la maquinaria de Orbán y cambiarle el operador.
La prueba más difícil llegará el día en que una garantía reconstruida proteja a Fidesz. Reconocerla dejará intactos el reproche por sus abusos y las responsabilidades pendientes; significará que la oposición conserva derechos justo cuando concederlos cuesta. Si los límites valen sólo mientras estorban al adversario, el próximo vencedor los encontrará sobre la mesa, como un manual de instrucciones.
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