Las elecciones confiables no se construyen suponiendo que nadie intentará vulnerarlas. Se construyen con reglas y controles que hagan cada vez más difícil hacerlo.
México tardó décadas en construir ese sistema de candados. Por eso preocupan tres decisiones recientes del Consejo General del INE. Vistas aisladamente podrían parecer ajustes técnicos. Juntas muestran una tendencia: flexibilizar controles precisamente cuando la elección de 2027 exige fortalecerlos.
El primero es el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 y sus respectivos anexos, aprobado el 31 de agosto.
No es un asunto administrativo menor. Los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) buscan y capacitan a la ciudadanía que integrará las casillas y recibirá y contará nuestros votos. Pero también realizan funciones esenciales de logística electoral: distribución y traslado de documentación y materiales, apoyo para la instalación y funcionamiento de las casillas y traslado de paquetes electorales.
La nueva estrategia flexibilizó distintos controles: redujo periodos de capacitación; disminuyó las exigencias para volver a buscar a las personas sorteadas que no fueron localizadas; flexibilizó rutas de visita y amplió mecanismos de recontratación. Además, redujo el peso del examen y aumentó el de la entrevista en la selección de supervisores y CAE: pierde peso un instrumento objetivo y lo gana uno necesariamente más subjetivo.
Hay otro dato preocupante. En 2023-2024 se iniciaron 295 procedimientos oficiosos relacionados con posibles afiliaciones partidistas indebidas. El 55% terminó con sanciones a partidos políticos. Para 2027 se eliminó la automaticidad de iniciar ese procedimiento cuando la persona desconozca su afiliación.
Martín Faz lo explicó con precisión: la insaculación, las rutas de visita, las re-visitas y las listas de reserva constituyen “capas sucesivas de protección”. Ninguna garantiza por sí sola la integridad de una elección. Es su acumulación la que reduce los márgenes de intervención.
El segundo caso es el Acuerdo por el que se emiten las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 y, en su caso, en los procesos electorales extraordinarios que de éste deriven.
Después de la integración ciudadana de las casillas, la observación electoral es uno de los mecanismos más importantes de vigilancia ciudadana de una elección. Su legitimidad depende precisamente de la independencia, imparcialidad y neutralidad de quienes observan.
Sin embargo, la mayoría decidió eliminar la compulsa automática de las solicitudes con la base de datos de servidores de la nación. El impedimento permanece; desaparece el mecanismo objetivo para verificarlo.
La diferencia es sustantiva: una cosa es establecer una prohibición, y otra comprobar que se cumpla.
Guadalupe Taddei defendió el cambio con cifras: en 2023-2024, de 34 mil 881 solicitudes, la compulsa detectó 24 coincidencias; en la elección judicial fueron 270 entre 316 mil 430. Pero un control preventivo no es inútil porque detecte pocos casos. Puede detectar pocos precisamente porque su existencia inhibe la conducta.
El tercer caso es todavía más gráfico.
Al discutir los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal de las elecciones federales del Proceso Electoral 2026-2027, el Consejo General decidió qué hacer cuando durante un recuento aparezcan las llamadas boletas planchadas, sin marcas de doblez.
Los datos físicos son contundentes: una boleta mide aproximadamente 20 por 28 centímetros; la ranura de la urna, 12 centímetros de largo por apenas 3 milímetros de ancho. En condiciones ordinarias, una boleta extendida simplemente no cabe.
No es una hipótesis. En Putla, Oaxaca, en 2016, cuando integraba la Sala Superior del Tribunal Electoral, conocimos un caso en el que se pretendieron contabilizar más de 600 boletas sin doblar. No fueron contabilizadas por falta de certeza. El fenómeno reapareció en 2024 y en la elección judicial de 2025.
A pesar de esos antecedentes, para 2027 se aprobó que, cuando durante un recuento aparezcan boletas sin dobleces, sean separadas y sea el Consejo Distrital quien determine su validez o invalidez. Es decir, una boleta materialmente incompatible con la forma ordinaria de votar podría terminar contabilizándose.
Marco Antonio Baños, representante de Somos y exconsejero electoral, lo advirtió directamente en la sesión: renunciar a un procedimiento uniforme significaba “abrirle la puerta al fraude”.
No afirmo que estas decisiones producirán fraude. El problema es otro: reducen controles preventivos y aumentan espacios de discrecionalidad en tres eslabones de la misma cadena: quién ayuda a organizar la elección, quién la vigila y qué votos terminan formando parte del resultado.
Los candados electorales existen porque la autoridad tiene la obligación de anticipar riesgos. Legalidad y certeza no son obstáculos burocráticos: son principios constitucionales de la función electoral.
La certeza no consiste en confiar en que nadie intentará vulnerar una elección. Consiste en construir un sistema en el que, aunque alguien lo intente, no pueda hacerlo.
Rumbo a 2027, el INE debería estar poniendo más candados, no quitándolos.
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