Este 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su Segundo Informe de Gobierno. Es una obligación constitucional y debería ser, ante todo, un ejercicio republicano de rendición de cuentas.
La historia electoral mexicana explica por qué la difusión de estos informes tiene límites. Durante años se utilizaron para algo muy distinto: promocionar gobernantes, inundar medios con nombres, rostros y eslóganes y construir candidaturas desde el ejercicio del poder. Por eso se acotaron.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite su difusión una vez al año, durante los siete días anteriores y cinco posteriores a su presentación. Pero establece una condición categórica: en ningún caso podrá tener fines electorales.
No basta, entonces, con contar días. Hay que mirar contenidos, contexto y efectos. Y ahí comienzan los problemas.
Desde hace varios días estamos expuestos a una cantidad extraordinaria de mensajes gubernamentales sobre logros, cifras y resultados. La propia presidenta anunció 14 promocionales con motivo de su informe. Su imagen y su voz ocupan ya espacios privilegiados en la comunicación pública.
Y aquí aparece una primera contradicción: Sheinbaum ha defendido recientemente los derechos de las audiencias y, precisamente bajo ese argumento, su gobierno impulsó los nuevos lineamientos en la materia. Ha reivindicado el derecho de la sociedad a recibir información plural, oportuna y veraz. De acuerdo.
Pero entonces la exigencia debe comenzar por el propio gobierno. ¿Quién protege los derechos de las audiencias cuando quien informa es el poder? ¿Quién verifica las cifras que durante estos días se repiten masivamente? ¿Quién ofrece el contexto que un promocional omite? ¿Cómo puede la ciudadanía distinguir entre información, desinformación y propaganda?
Los derechos de las audiencias no pueden ser una exigencia para los medios y una concesión para el gobierno.
Hay un segundo problema, quizá todavía más grave: la neutralidad electoral.
La presidenta interviene reiteradamente desde su conferencia matutina en asuntos político-electorales. Apenas la semana pasada opinó sobre la sentencia del Tribunal Electoral relativa al nombre y colores de Somos México. No se limitó a informar: avaló la decisión e hizo valoraciones sobre una fuerza política que competirá electoralmente. No le corresponde.
Otra intervención ilícita y ya extemporánea, se materializa cuando su gobierno anuncia una reforma electoral en materia de doble nacionalidad (innecesaria, por cierto), que pretende modificar las reglas bajo las cuales competirán esos mismos partidos.
El informe presidencial no puede analizarse dentro de una burbuja. Morena y sus aliados llevan meses inmersos en procesos anticipados de posicionamiento de aspirantes (¡sí lo son!). Recorridos, actos, propaganda y estructuras se despliegan mucho antes de que comiencen formalmente las precampañas y campañas.
Los promocionales, la exposición extraordinaria de la imagen presidencial, las mañaneras, la gira nacional anunciada para continuar difundiendo resultados, las intervenciones presidenciales sobre partidos y decisiones electorales y, simultáneamente, aspirantes del oficialismo recorriendo territorios y posicionándose anticipadamente.
Cada pieza podrá pretender justificarse por separado. El problema democrático aparece cuando se observa el conjunto. La Constitución exige imparcialidad en el uso de los recursos públicos para no afectar la equidad en la competencia. Esa obligación no comienza cuando formalmente inicia una campaña. La neutralidad es permanente.
Por eso, si en la difusión del informe aparecen contenidos electorales, referencias partidistas, descalificaciones de adversarios o mensajes que directa o indirectamente favorezcan al partido gobernante, ya no estaremos hablando solamente de comunicación gubernamental. Estaremos hablando de integridad electoral y de condiciones que pueden contaminar, desde ahora, la equidad de las próximas elecciones. Y esto lo tendrán que valorar los tribunales electorales al hacer una evaluación objetiva de las condiciones de la equidad en la contienda.
Hoy escucharemos el informe después de varios días de escuchar ya sus cifras, logros y resultados. Contrastemos los datos. Exijamos evidencia. Y vigilemos dónde termina la rendición de cuentas y dónde comienza el posicionamiento político.
Cuando el poder utiliza la obligación de informar para intervenir en la competencia electoral, deja de rendir cuentas y empieza a sacar ventaja.
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