La orden ejecutiva entra en vigor en 60 días y establece: “Los análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera vinculada al fentanilo en Estados Unidos relacionados con cárteles basados en México”
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual restringirá todas las operaciones financieras a indocumentados en bancos, aseguradoras y fondos de inversión, porque de acuerdo con los argumentos expresados, a través de las remesas y movimientos de bajo monto se ha estado lavando dinero, se han pagado a redes de trata y se mueve el dinero del fentanilo.
En el documento titulado “Restoring Integrity to America’s Financial System”, firmado el 19 de mayo, el gobierno estadounidense sostiene que los mecanismos bancarios y de envío de dinero pueden ser utilizados para ocultar operaciones ilícitas cuando no existen controles suficientes de identificación y supervisión financiera.
“Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto han sido utilizadas para facilitar o cometer financiamiento al terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, señala el texto de la orden ejecutiva.
El documento agrega que “los análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera vinculada al fentanilo en Estados Unidos relacionados con cárteles basados en México”.
La orden ejecutiva también hace referencia a redes internacionales de lavado de dinero. “Un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó cómo titulares de pasaportes extranjeros utilizaron cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacándose la trata de personas entre las actividades asociadas con dichas transferencias”, indica el documento oficial.
La administración estadounidense anunció que el Departamento del Tesoro emitirá en un plazo de 60 días una alerta formal dirigida a bancos e instituciones financieras sobre operaciones consideradas de riesgo relacionadas con personas sin autorización laboral y con esquemas financieros utilizados para evadir controles fiscales y bancarios.
Entre los mecanismos identificados por el gobierno estadounidense se encuentran depósitos y retiros reiterados en efectivo por debajo de los límites de reporte obligatorio, práctica conocida como “estructuración y microestructuración”, así como el uso de plataformas de pago entre particulares, empresas fantasma y cuentas nominales para ocultar la identidad de los beneficiarios reales del dinero.
La orden también instruye a las autoridades financieras a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y debida diligencia de los clientes bancarios, incluyendo revisiones adicionales cuando existan indicios relacionados con fraude, evasión de sanciones o actividades financieras ilícitas.
El texto señala que incluso servicios financieros básicos pueden ser utilizados para financiar actividades que representan riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública “en ausencia de prácticas adecuadas de ‘conozca a su cliente’”.
La Casa Blanca indicó además que las autoridades regulatorias revisarán los riesgos asociados al uso de matrículas consulares extranjeras dentro del sistema financiero estadounidense y propondrán modificaciones a las normas derivadas de la Ley de Secreto Bancario.
En materia crediticia, la orden ejecutiva establece que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor evaluará si la posible deportación o pérdida de ingresos de personas sin autorización laboral debe considerarse como un factor de riesgo en la evaluación de capacidad de pago para préstamos hipotecarios, automotrices y tarjetas de crédito.
El documento sostiene que el otorgamiento de crédito a personas sin autorización legal de trabajo puede generar riesgos estructurales para el sistema bancario y menciona posibles esquemas de evasión fiscal relacionados con empleadores que utilizan números de Seguro Social inválidos o inconsistentes.
La administración estadounidense sostuvo que el objetivo de las nuevas medidas es “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense, proteger a las instituciones financieras contra riesgos estructurales y disuadir el fraude y el abuso”.
La orden ejecutiva entra en vigor de manera inmediata y establece distintos plazos para que el Departamento del Tesoro y los reguladores financieros presenten propuestas regulatorias y lineamientos de supervisión
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