La solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios de su gobierno y el senador Enrique Inzunza, no es un episodio más en la ya larga lista de escándalos políticos en México, es un parteaguas. Un golpe directo al corazón del poder en Morena y una señal inequívoca de que lo que durante años dijimos desde la oposición, hoy adquiere dimensión judicial internacional.
No estamos frente a rumores ni a disputas partidistas. Estamos ante acusaciones que, bajo el estándar del sistema judicial estadounidense, implican que un gran jurado —un cuerpo de ciudadanos con acceso a evidencia presentada por fiscales— ha determinado que existen elementos suficientes para solicitar la extradición y llevar el caso ante tribunales.
Frente a esto, la reacción del gobierno federal ha sido alarmante. La presidenta Claudia Sheinbaum osciló entre minimizar las acusaciones y remitirlas a la Fiscalía General de la República, evitando asumir de frente la gravedad de los señalamientos. Esa respuesta profundiza la creencia de que no solo hay encubrimiento sino absoluta complicidad que involucra a muchos actores de Morena, porque los antecedentes pesan para no tener duda alguna de la parcialidad de la fiscalía. Cabe recordar que quien hoy encabeza dicha institución es la misma persona que en su momento no sancionó a un solo servidor público de la CDMX por la caída de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y decenas de heridos. Remitir el caso a una fiscalía sin autonomía encabezada por una persona que ha sido parte de Morena, es simulación pura.
Pero esta reacción del gobierno también revela miedo. Miedo a lo que puede salir si este caso avanza, porque la eventual extradición de estos personajes podría ser el inicio de una cadena que involucra a muchos. No se trata solo de unos cuantos nombres, se trata de lo que éstos podrían decir, de a quiénes podrían señalar, de qué redes podrían exhibirse dentro de Morena. No hay que olvidar que, durante años, López Obrador no solo minimizó la violencia en Sinaloa, también respaldó políticamente a su gobernador.
En ese contexto, la conversación pública empieza a llenarse de versiones, filtraciones y rumores sobre otras investigaciones que podrían estar en curso. Si bien los rumores no son pruebas, su proliferación revela la clara percepción de que este caso no termina aquí.
Este episodio es inédito en México y sus implicaciones son profundas para la credibilidad del Estado, para la relación bilateral con Estados Unidos y para la estabilidad política interna. Algunos insisten en que la presidenta está “entre la espada y la pared”. Pero esa lectura no se sostiene. Las decisiones que estamos viendo —minimizar, negar, cerrar filas— no son las de alguien acorralado, sino las de alguien que ha tomado posición.
En este contexto, el llamado a la “unidad” resulta hasta ofensivo. No puede haber unidad para proteger a quienes están bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado. La única unidad posible es la que se construye en torno a la justicia, a la verdad y a la seguridad de todos los mexicanos, porque mientras se discuten tecnicismos en conferencias mañaneras, hay un país que sigue acumulando violencia, desapariciones y muertos. Por eso es inaceptable que el poder se proteja a sí mismo.
Aquí no estamos ante una hipótesis, estamos ante un proceso que ya superó un umbral probatorio en otra jurisdicción. México no puede seguir respondiendo con evasivas, no es falta de información, es falta de voluntad y es no medir las consecuencias del daño que esta postura hace a la relación bilateral más importante para la economía mexicana.
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