El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no abrió un debate, evidenció una realidad. México enfrenta una crisis persistente, estructural y vigente de desapariciones, y lo que resulta más inquietante no es sólo la magnitud del problema, sino la forma en que el Estado ha optado por administrarlo en el terreno discursivo.
Negar la autoridad del organismo internacional que emitió el informe es revelador. El comité no es un actor marginal, es el órgano especializado de Naciones Unidas encargado de evaluar el cumplimiento de los Estados en materia de desaparición forzada. Descalificarlo no debilita sus conclusiones, pero sí exhibe la incomodidad que éstas generan, y no es para menos, pues el informe habla de una problemática actual, extendida y no resuelta.
En ese contexto, el debate sobre las cifras cobra una relevancia central. No porque los números sean el problema en sí mismos, sino porque reflejan la manera en que el Estado decide mirar —o dejar de mirar— la realidad. La reducción abrupta de registros de personas desaparecidas, lejos de transmitir eficacia institucional, abre interrogantes profundas sobre los criterios utilizados.
Cuando la prioridad es ajustar las cifras, es evidente que el Estado está más preocupado por construir una narrativa que por buscar a las personas desaparecidas. Pero la realidad no se ajusta a los discursos, ahí están los datos duros, decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses a lo largo del país. Ahí están también las limitaciones institucionales, investigaciones que no avanzan, fiscalías rebasadas, registros fragmentados y familias que, ante la ausencia del Estado, asumen la búsqueda por cuenta propia.
La Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que el gobierno de Morena presume como un avance, no es mérito suyo en absoluto, se aprobó en 2017 cuando aún no gobernaban. Dicha ley mandata un sistema completo que debería permitir búsqueda efectiva e identificación, pero que hasta hoy no se ha implementado correctamente. La Comisión Nacional de Búsqueda, que debiera ser autónoma, depende de Gobernación y no cuenta con recursos suficientes, ésta es la que debe operar registros, bases de datos y herramientas forenses que siguen siendo deficientes. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que debiera ser confiable, actualizado y público, está lleno de inconsistencias. Y lo más grave, el Banco Nacional de Datos Forenses, que incluye la obligación de integrar perfiles genéticos (ADN), cuerpos sin identificar y registros forenses para cruzar información y dar nombres a los restos, no está consolidado. Es decir, lo que debiera ser un sistema articulado es hoy un rompecabezas roto: no basta con reducir cifras, si no existe una estrategia integral de búsqueda, identificación y justicia. No basta con depurar registros, si las instituciones encargadas de investigar siguen sin recursos, sin coordinación y, en muchos casos, sin voluntad.
El informe de la ONU no es un ataque, es un diagnóstico y confirma que la desaparición en México es un síntoma de debilidad institucional profunda. Es preocupante que las autoridades en lugar de asumirlo como una oportunidad para corregir lo vean como una intromisión o una exageración, y es más preocupante aún que los casos dejen de existir en un registro sin haber sido resueltos, porque la tentación de desaparecerlos en las cifras implica trasladar la desaparición del territorio físico al ámbito burocrático.
El desafío no es menor, requiere reconstruir registros confiables, fortalecer capacidades forenses, garantizar investigaciones efectivas y, sobre todo, reconocer la dimensión real de la crisis. Sin ese punto de partida, cualquier política será insuficiente. México no carece de ley, carece de Estado para cumplirla.
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