Es curioso notar cómo, entre el estruendo mediático generado por el caso de Rocha Moya y la incidencia política que ello tiene en la importante relación bilateral con Estados Unidos, se han dejado de lado temas muy importantes para nuestra economía y nuestra vida diaria. Un tema muy importante y que pudiera resultar en beneficios para nuestro país es la posibilidad de que se autorice el fracking como un método de extracción de hidrocarburos.
Esta opción es fundamental no sólo porque rompe con un estigma e incluso tabú de la administración anterior, que pretendía cerrar definitivamente la puerta a esta técnica bajo el argumento de que no formaba parte de la política pública nacional, sino por que abre la posibilidad de darle un verdadero sentido estratégico a la política energética que ha quedado pasmada desde las reformas en la materia llevadas a cabo en 2024, pero además porque es necesario que las actividades del Estado no se detengan ni se centren en la discusión política, por importante que pueda ser.
Para entender la relevancia de esta discusión, es necesario desmitificar el proceso. El fracturamiento hidráulico o fracking consiste en realizar una perforación vertical en la corteza terrestre hasta alcanzar formaciones rocosas profundas (como las lutitas), para luego girar la broca y perforar de forma horizontal. Una vez creado el canal, se inyecta una mezcla de agua (aproximadamente 90%), arena (9.5%) y aditivos químicos (0.5%) a alta presión. Esta presión genera microfisuras en la roca, las cuales se mantienen abiertas gracias a los granos de arena, permitiendo que el gas natural y otros hidrocarburos atrapados en las rocas fluyan hacia la superficie. Países como Estados Unidos y Argentina han perfeccionado esta técnica en los últimos años, y han logrado avanzar hacía una independencia energética a la cual también podríamos aspirar; en el caso norteamericano, el proceso de maduración tecnológica tomó cerca de 10 años antes de alcanzar su auge actual.
El debate en México suele estancarse en la supuesta devastación ambiental y el uso intensivo de agua. Sin embargo, un enfoque técnico permitiría evaluar soluciones, como el uso de aguas tratadas o sistemas de circuito cerrado. No es un tema menor si consideramos el uso industrial del gas en nuestra matriz energética: las plantas de ciclo combinado, que utilizan gas para generar electricidad, y que representan aproximadamente 58% a 60% de la capacidad de generación eléctrica en el país.
Aquí reside el núcleo del problema. Actualmente, México mantiene una dependencia crítica de las importaciones de gas, provenientes principalmente de Texas. Mientras no aprovechemos nuestros propios yacimientos, el concepto de "soberanía energética" seguirá siendo un discurso vacío. Un ejemplo claro de este riesgo se vivió en 2021 con la tormenta invernal en el sur de EU, que interrumpió el suministro de gas y dejó sin energía eléctrica a millones de mexicanos, demostrando que nuestra seguridad eléctrica depende de factores externos que no podemos controlar.
Resulta indispensable que el Estado se centre en los temas importantes y que pueden representar un motor para el desarrollo y competitividad del país. El Estado debe funcionar como un garante de los intereses nacionales y no de un movimiento (o ¿partido?) político. Sólo con más y mejor técnica y trabajo saldremos adelante, sino estaremos condenados a seguir rumiando los temas políticos. El aspecto jurídico del caso Rocha Moya se tendrá que solventar (de alguna u otra manera) y esperemos ese caso no desemboque en decisiones desafortunadas, pero mientras ello sucede no podemos paralizar todo lo demás.
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