El expresidente López Obrador hizo público el expediente que le entregó la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos
...
El expresidente López Obrador hizo público el expediente que le entregó la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos
La 4T ha aplicado un doble rasero legal y diplomático en la lucha bilateral México-Estados Unidos en contra de los cárteles y de las redes institucionales que presuntamente los protegen.
La "confidencialidad" que hoy exige a Washington la presidenta Claudia Sheinbaum en el caso del gobernador Rubén Rocha es la misma que Andrés Manuel López Obrador rompió al hacer público en 2021 el expediente que le entregó la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos.
Luego de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló parcialmente las acusaciones avaladas por un Gran Jurado en contra de Rocha, a quien acusa de narcotráfico y de llegar al poder apoyado por Los Chapitos, Sheinbaum dijo se envió un “extrañamiento jurídico”, debido a que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados.
“Nos hizo saber la Secretaría de Relaciones Exteriores que debe haber confidencialidad en todo esto; sin embargo, publican este documento”, señaló en su conferencia matutina.
Sin embargo, en 2021 AMLO actuó en sentido contrario a la secrecía que argumenta la presidenta, lo que generó una tensión diplomática con Washington.
Todo derivó de la detención en octubre de 2020, en Los Angeles, del exsecretario de la Defensa Nacional por la DEA en la “Operación Padrino”, en la que se le vinculó con una fracción de los Beltrán Leyva, denominada Cártel H-2.
AMLO ordenó que se publicara íntegra la acusación que entregó la DEA con el compromiso de autoridades mexicanas de hacer una investigación seria y profesional.
El expresidente justificó su decisión argumentando “total transparencia” y el hecho de que la DEA “fabricó” todos los cargos en contra del divisionario.
Incluso, el entonces canciller Marcelo Ebrard afirmó que revelar el expediente daría “respeto” a México, porque antes “todo era a escondidas”.
Ebrard relató las gestiones que permitieron que Cienfuegos fuera liberado a cambio de llevar aquí las investigaciones, pero finalmente la FGR decretó el no ejercicio de la acción penal.
Independientemente de si hubo o no elementos de la DEA para acusar a Cienfuegos, el Departamento de Justicia estadounidense afirmó que México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua al hacer pública la acusación y amenazó con dejar de compartir información.
A mediados de 2022, López Obrador recordó el caso y presumió la publicación íntegra del expediente de la DEA, pues aseguró que no tenía sentido difundirlo con datos testados o borrados.
Actualmente, está disponible una versión pública del documento de dos tomos y 751 páginas en el sitio web de la FGR con el título Investigación Salvador “C”.
Por otra parte, a diferencia de la postura asumida por la 4T ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, esta administración ha enviado a 92 personas vinculadas con organizaciones criminales a EU, invocando un precepto legal sin precedente.
Ante esta estrategia, Defensores y familiares de los implicados han acusado traición a la patria, violaciones al Tratado de Extradición, al debido proceso y a los derechos humanos de los “desterrados”, debido a presiones de Trump, por lo que presentaron una denuncia penal en la FGR.
Entre ellos está Juan Pedro Saldívar Farías, identificado por autoridades como alias Z-27 y tercero al mando de Los Zetas.
Sus abogados presentaron una denuncia ante una denuncia penal ante la FGR, de la cual La Aurora de México tiene copia.
En el documento acusan al Consejo de Seguridad Nacional por los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos, previstos y sancionados en los artículos 123, fracción II y 216 del Código Penal Federal.
De acuerdo con la defensa, el traslado de Z-27 se llevó a cabo en enero de 2026 sin que existiera procedimiento de extradición alguno en trámite por parte de autoridad extranjera y sin orden judicial que autorizara su entrega a otro país.
Vannesa Guzmán, novia de Saldívar Farías, manifestó que él fue “desterrado” hacia EU al margen del debido proceso, vulnerando garantías fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el principio de legalidad que debe regir cualquier forma de cooperación internacional en materia penal.
Otros inconformes son Daniel Menera Sierra, Itiel Palacios García y Pablo Edwin Huerta Nuño, también enviados a prisiones norteamericanas.
Las autoridades mexicanas han justificado entregas masivas durante este sexenio al señalar que se trata de líderes criminales son una amenaza a la estabilidad del Estado, además de que siguen operando desde prisión.
Invocaron el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución, así como en lo que establece la Convención de Palermo.
Incluso, señalaron que en todos los casos “hubo solicitud fundadas” del gobierno estadounidense.
Además, aunque este lunes Sheinbaum calificó como unas “hojas de papel”, las narconóminas que presentó EU en su acusación inicial contra el gobernador de Sinaloa, recientemente la FGR solicitó documentos similares a un medio de comunicación para integrarlos a la carpeta de investigación sobre la red de protección institucional que tejió Nemesio Oseguera, “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero.
Recomendar Nota
Contacto
