El anuncio casi simultáneo de la nueva iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial y la degradación de la calificación crediticia de México —que nos deja a un paso de perder el grado de inversión— no es una coincidencia fortuita. Ambos fenómenos están íntimamente ligados. Los capitales internacionales buscan aterrizar en países con certeza y certidumbre jurídica, lo que sin duda se proyecta en poderes judiciales independientes y solventes técnicamente; por ello, este nuevo proyecto representa la última oportunidad para frenar el deterioro institucional en esta materia.
La mera intención de revisar y replantear una reforma que nació con profundas deficiencias y que ha sido altamente cuestionada resultaba, por lo menos, alentadora. Sin embargo, tras un análisis del nuevo proyecto, queda claro que la propuesta es insuficiente.
El cambio medular se ancla en postergar la elección judicial de 2027 a 2028. Una medida que, aunque simula prudencia, esconde aristas preocupantes. Al mover la fecha, el proceso se empatará directamente con la consulta de revocación de mandato, lo que significa que no será un ejercicio desvinculado de la polarización política, sino todo lo contrario: se sumergirá de lleno en ella. Peor aún, las elecciones subsecuentes quedarán encadenadas de forma permanente a los calendarios electorales de los partidos políticos.
Por otro lado, la propuesta busca revertir un error garrafal del diseño previo: la desaparición de las salas de la Suprema Corte de Justicia. La operación cotidiana del tribunal les demostró, por la vía de los hechos, que era un grave error prescindir de la especialización de dichos órganos. No obstante, mientras se maquilla el sistema de selección de jueces, la propuesta evita tocar fibras verdaderamente sensibles y estructurales, como la consolidación de la carrera judicial.
No pasa inadvertido que, por tercera vez consecutiva, se extienden los periodos de algunos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; un movimiento que contradice el discurso de renovación, tal vez se debe a los "buenos servicios prestados a la Nación" por parte de dichos funcionarios judiciales.
En este rubro institucional hemos fallado con creces, y la reforma judicial previa solo empeoró significativamente nuestro desempeño. El costo de mantener estas deficiencias no es meramente abstracto o interno; sus repercusiones económicas son inmediatas. La rebaja en la calificación soberana augura una inminente pérdida de confianza que México no se puede permitir en la coyuntura global actual.
Si la Comisión Permanente del Congreso habrá de autorizar un periodo extraordinario de sesiones para debatir la malograda reforma judicial, el objetivo primordial debiera ser el rescate real de la seguridad jurídica mediante la reconstrucción de un sistema robusto. Continuar por la ruta trazada significaría desperdiciar una oportunidad histórica y someter al país a un riesgo financiero inminente. Es imperativo que los legisladores tomen esta opción para buscar mejorar el andamiaje jurídico, esto es, legislar de manera reflexiva y siendo autocríticos de la reforma judicial pasada; de lo contrario, habremos dejado pasar el último tren frente al abismo.
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