Un gobernador pidió licencia después de ser acusado en Estados Unidos de proteger al narcotráfico. Tres meses después volvió a su despacho. Duró apenas 33 horas. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su regreso no era pertinente y sostuvo que debía permanecer separado del cargo. Su postura fue firme y, sobre todo, correcta: ante una acusación de esta gravedad, proteger a las instituciones debe estar por encima de cualquier interés personal o partidista.
El episodio de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, permite actualizar una discusión que ya habíamos planteado: la responsabilidad de los partidos para impedir que personas vinculadas con el crimen lleguen a una candidatura. Hoy sabemos que cuidar la puerta de entrada no basta. También hacen falta salidas de emergencia.
Conviene precisar algo: una acusación no equivale a una sentencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa a Rocha y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses delitos relacionados con narcotráfico y armas. Todos conservan su derecho a defenderse y deben ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial. Así lo exige el artículo 20 de nuestra Constitución y cualquier democracia que se tome en serio el debido proceso.
Pero la presunción de inocencia pertenece al terreno penal. La responsabilidad política vive en otro lugar.
Quien gobierna no sólo administra presupuesto y firma documentos. También conduce policías, recibe información sensible, participa en mesas de seguridad y representa la autoridad del Estado. Cuando sobre esa persona pesa una acusación de semejante gravedad, permanecer en el cargo puede comprometer investigaciones, contaminar decisiones y destruir la confianza pública, aunque todavía no exista una condena.
Separarse temporalmente no significa declararse culpable. Significa aceptar que la institución es más importante que la persona. En ese sentido, la determinación de la presidenta no vulneró la presunción de inocencia; estableció una distancia necesaria entre la defensa jurídica de un individuo y la protección política del Estado.
La OCDE recomienda que los sistemas de integridad pública no dependan únicamente de los procesos penales. Deben incluir respuestas administrativas, disciplinarias y políticas, aplicadas con objetividad, oportunidad y respeto a los derechos. En distintas instituciones internacionales, la licencia o suspensión durante una investigación funciona como una medida de protección institucional, no como castigo anticipado.
México necesita construir ese estándar. No mediante linchamientos ni decisiones dictadas desde otro país, sino con reglas propias. ¿Qué debe ocurrir cuando un gobernador, alcalde, fiscal o jefe policial enfrenta acusaciones creíbles por vínculos criminales? ¿Quién evalúa el riesgo? ¿Cuándo procede una separación temporal? ¿Qué controles impiden que utilice información, recursos o poder para obstruir una investigación?
La soberanía tampoco puede convertirse en refugio retórico. México tiene pleno derecho a exigir pruebas y rechazar automatismos frente a una acusación extranjera. Pero ese reclamo debe acompañarse de una investigación nacional seria, visible y rápida. Defender nuestra jurisdicción también significa demostrar que funciona.
La presidenta marcó esta vez un límite importante. Ahora corresponde convertir esa determinación en una regla institucional que no dependa del partido, del personaje ni del tamaño del escándalo.
Porque en seguridad no basta preguntar quién entra al gobierno. También debemos saber qué hacer cuando la confianza sale por la puerta.
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