La oficina de turismo de la plaza Bellecour, en Lyon, Francia, ardió el sábado 17 de octubre. Los actores políticos interpretaron las imágenes de los disturbios: abandono social, violencia organizada, fracaso gubernamental. Trump atribuyó los disturbios a la migración. La disputa busca imponer la interpretación que permita convertir la indignación en votos y los votos en poder.
Las cifras muestran una movilización enorme atravesada por episodios violentos. El Ministerio del Interior contabilizó 550 mil manifestantes en Francia; los organizadores, más de 800 mil. El balance provisional del domingo sumó 2 mil detenidos y 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. Son cifras de una jornada que exige distinguir la magnitud de la protesta de la responsabilidad por cada agresión.
Confundir a los manifestantes con los saqueadores borra sus demandas. Presentar cualquier destrucción como expresión legítima del agravio borra sus responsabilidades. Pero la competencia política vive de esa confusión.
El politólogo estadounidense E. E. Schattschneider lo formuló en 1960 en The Semisovereign People: definir las alternativas constituye el instrumento supremo del poder. Quien define de qué trata el conflicto condiciona su desenlace. Si la conversación se concentra en escuelas deterioradas, salarios insuficientes y servicios públicos, el gobierno debe explicar sus resultados. Si termina concentrada en escaparates rotos, la discusión se desplaza hacia el castigo.
Francia va a las urnas en abril de 2027 y la renta del malestar ya cotiza en el mercado electoral. Elabe, publicado el 17 de octubre, coloca a Marine Le Pen en 32.5% en su escenario principal, aunque registra un retroceso respecto de agosto. Odoxa también la sitúa por delante de Mélenchon y Édouard Philippe en segunda vuelta. Ambos sondeos se levantaron antes del sábado: muestran una derecha bien posicionada, pero todavía falta medir si los disturbios la fortalecen.
Italia muestra el reverso. Giorgia Meloni enfrenta protestas por el costo de vida: el balance policial del sábado registró 28 arrestados y 141 agentes heridos. Gobernar desde la derecha obliga a responder por el deterioro del bolsillo.
El malestar puede fortalecer a la oposición y desgastar al gobierno, sin importar su orientación. Por eso, un avance electoral de la derecha puede expresar rechazo a quienes gobiernan antes que adhesión a su programa. Cuando la derecha gobierna, también puede recibir ese castigo electoral.
En España se disputa el derecho a ocupar la calle. El 12 de octubre, grupos de ultraderecha intentaron entrar en el plantón por la vivienda de la Puerta del Sol; hubo cinco detenidos y un policía herido. Dos días después, la intervención policial en la Complutense dejó cinco detenidos durante la huelga educativa. Coinciden demandas sociales y confrontación ideológica, pero cada episodio exige identificar actores y responsabilidades.
En Portugal, los organizadores de un plantón por la vivienda en Oporto denunciaron 37 lesionados tras el desalojo del 15 de octubre. La policía reconoció manifestantes heridos, sin precisar cuántos. Corresponde esclarecer cifras y responsabilidades: el Estado debe justificar su actuación y las denuncias deben investigarse hasta establecer qué ocurrió.
La prueba democrática exige garantizar seguridad, respetar el derecho a disentir y sancionar la violencia sin desatender sus causas. Para los partidos, la polarización puede traer votos, cohesión y enemigos convenientes. Para quienes pagan rentas imposibles o esperan un profesor, significa esperar soluciones que la confrontación política posterga.
El malestar rinde beneficios mientras sea difícil atribuir responsabilidades. La lealtad partidista debilita la democracia cuando sustituye la rendición de cuentas por el lucro de la confrontación. Si todo se explica por la maldad del adversario, nadie responde por lo que estaba en sus manos hacer.
¿En qué estamos fallando para que administrar el malestar resulte más rentable que resolver sus causas?
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