Cada vez que Estados Unidos hace un señalamiento fuerte, una acusación formal, una solicitud de detención o un retiro de visa a personajes del régimen morenista, la respuesta es siempre la misma: "México es un país libre, independiente y soberano".
Hay un patrón muy claro en la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y de todo el régimen. Primero se afirma que no hay pruebas. El segundo paso consiste en recalificar el hecho como "injerencia" o "cuestión política", nunca como indicio legítimo. El tercero es elevar el caso del personaje en turno a un tema de defensa de la "soberanía nacional". El cuarto descarta de plano que la persona señalada por el país vecino sea investigada por alguna fiscalía mexicana. Y por último se activa toda la red de comunicación del régimen, que repite ad nauseam cada palabra de la presidenta y sus voceros hasta instalarla como verdad entre sus bases, la cual se termina de dispersar en las "asambleas informativas de la transformación y la soberanía nacional" (que de paso funcionan como actos anticipados de campaña).
Este patrón fue evolucionando. Comenzó con el retiro de visa a distintos personajes de Baja California, entre ellos alcaldes, diputados y otras figuras de peso, hasta llegar a Marina del Pilar, gobernadora del estado. Después tuvo que responder a la prensa cuando se publicaron investigaciones sobre vínculos criminales y cancelación de visa de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Era evidente que vendrían más.
Cuando Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición para el gobernador de Sinaloa, el senador de ese estado, el presidente municipal de Culiacán y siete funcionarios más, la presidenta terminó de construir y delimitar la narrativa actual. No le quedó más defensa que el "uso político", la "injerencia extranjera" y la inevitable "defensa de la soberanía".
Elevó la apuesta. Llamó a una concentración en el Monumento a la Revolución y en plazas de todo el país en defensa de la soberanía nacional, y preparó el terreno para lo que vendría. Entre las jugadas más cínicas estuvo la nueva causal de nulidad de elecciones, impulsada por otro impresentable que tiene enquistada a toda su familia en diversos cargos, Ricardo Monreal. Con urgencia se aprobó que las elecciones puedan anularse cuando haya intervención extranjera, un claro antídoto contra la ola de investigaciones, acusaciones, retiros de visa y señalamientos contra los integrantes del "movimiento".
Sin duda alguna, la maniobra es perversa de cabo a rabo, tiene múltiples propósitos y exhibe el grado de suciedad con el que gobiernan Morena y sus aliados.
El propósito número uno es proteger a sus presuntos delincuentes, todos señalados por delitos muy graves. Pero hay mucho más detrás del escudo soberanista. Buscan anular o deslegitimar por anticipado elecciones adversas. También les sirve como cortina de humo para desviar la agenda informativa, y como pegamento discursivo para unir a su militancia y a sus bases, radicalizar la discusión pública y sostener a un movimiento que ya padece la fragmentación por las candidaturas.
No solo eso. La táctica logra confundir deliberadamente los conceptos de pueblo, partido, gobierno y movimiento, como si fueran la misma cosa, y les permite vincular a opositores y críticos con las "fuerzas de ultraderecha extranjera" que buscan frenar la transformación. Por eso, todo mexicano que los critique o los exhiba corre el riesgo de ser acusado de "traidor a la patria". Por último, resaltan los valores del país, presumiendo a México como "potencia cultural" y pintando a Estados Unidos como una nación de familias desintegradas, donde reinan las drogas y la decadencia.
El escudo soberanista de la putrefacta y criminal cuarta transformación sigue afinándose. Ya veremos en qué termina.
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