Se cumple un aniversario más ––12 años ya–– del espantoso crimen masivo perpetrado contra 43 estudiantes normalistas en Iguala y Cocula, Guerrero. Es curioso que varios comentaristas sigan diciendo que, transcurrido tanto tiempo, aún no se sabe lo que ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Se trata de comentarios que obedecen a la inercia informativa y que, conscientemente o no, siguen la postura del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sin argumentos ni elementos de prueba, reprobó la versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam porque eso le convenía para su campaña por la presidencia de la República.
López Obrador ofreció que él sí esclarecería los hechos y encontraría a los estudiantes desaparecidos, para lo cual, una vez en la presidencia, formó una comisión “de la verdad” que fue un fiasco, y para mostrar al país que Murillo Karam había falseado los sucesos hizo que éste fuese encarcelado bajo la grotesca acusación de desaparición forzada, ¡como si el procurador hubiera ordenado que las víctimas fueran desaparecidas! Además, desconoció los resultados de la investigación exhaustiva, escrupulosa y altamente profesional que realizó la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En realidad, López Obrador no tuvo jamás el propósito de descubrir toda la verdad y solamente la verdad de aquellos abominables acontecimientos. Tampoco ha tenido esa intención su sucesora Claudia Sheinbaum. Prueba de lo que estoy apuntando es que ninguno de los dos presidentes ni sus fiscales atendieron la recomendación de noviembre de 2018, uno de cuyos puntos es la petición de que se envíen al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para su análisis genético restos humanos recuperados del basurero de Cocula y el río San Juan. La razón por la cual no se atendió esa recomendación es que el análisis genético comprobaría que tales restos, o una parte de ellos, corresponden a los normalistas victimados, lo que corroboraría la versión de Murillo Karam y de la anterior CNDH.
No deja de ser extraño que ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni los abogados de los padres de las víctimas hayan exigido vigorosamente que esa recomendación sea cumplida. Por cierto, no sabemos dónde se encuentran esos restos. Tal vez en las cajas de cartón descuidadas y sin vigilancia en que la Fiscalía General de la República apiña huesos de cuerpos humanos.
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