Guadalajara, Jal.- Tenga o no heces, el agua en Guadalajara es indispensable. La aseveración es triste y cínica, pero indiscutiblemente cierta. Cada habitante de la que en algún momento fue la Perla de Occidente necesita lo que los poetas de la noticia llaman “líquido vital” para sobrevivir.
El primer problema es que la discusión se ha enfrascado en cuántas y cuáles colonias serán las “beneficiarias” (así lo llaman) por recibir un descuento de 80% en la tarifa de agua. El otro es que las batallas por el agua con kk en esta ciudad también se han convertido en una disputa política.
Mientras la triste oposición alza la mano para evidenciar la crisis, no propone soluciones. Y, por su parte, el partido en el gobierno ha decidido que su mejor embestida es evidenciar a los ayuntamientos que adeudan al organismo operador: el SIAPA.
En la teoría, ese debería ser el botón correcto a pulsar para que las autoridades pongan el ejemplo y sean las primeras en cumplir con el compromiso de pagar por el agua que consumen. En la práctica, el llamado de atención enérgico ocurre sólo con los ayuntamientos que son de una fuerza política distinta. En este caso, los que son emanados de Morena.
La hipérbole de los colmos ocurrió el viernes 14 de agosto, cuando se desarrollaba una sesión de cabildo en el ayuntamiento de Tlaquepaque y alrededor de 20 trabajadores del SIAPA llegaron al palacio municipal, pinza en mano, para cancelar el servicio. El síndico del municipio, José Luis Monterde, solicitó la presencia de policías e impidió que eso se concretara. Un día después, las autoridades instalaron un candado para evitar un nuevo intento de corte.
De acuerdo con la alcaldesa Laura Imelda Pérez, el pago de poco más de 7 millones de pesos se encuentra en un tribunal porque el organismo operador simplemente no quiso recibir el pago. Fue, además, un monto al que se llegó con un cálculo “másomenista”: no hay medidores en los edificios públicos.
Así, la forma que mejor han encontrado las autoridades para ejercer presión contra enemigos políticos —que también usan la agenda del agua como golpeteo— es cortar el servicio, una acción que, además, vulnera el derecho humano al agua.
Después de estos cortes comerciales volvemos con lo que realmente importa: Guadalajara, la segunda ciudad más importante en México, lava sus trastes, sus pisos y a sus habitantes con agua que no sólo tiene bacterias, sino metales pesados. Primero lo primero: hay que golpear al enemigo para que en la elección del próximo año le vaya mal al de enfrente.
Insulso, vergonzoso y vil por donde se mire. Desde una oposición que sólo enciende el dedo para apuntar al rival, y desde una autoridad que suspende el servicio al enemigo político mientras estira la mano ante el Gobierno federal para que destine más recursos para obras hídricas.
Y mientras tanto, persiste la duda de los responsables, los del pasado, los que juraron que habían resuelto la crisis de agua para los próximos 50 años y el señalamiento que nunca vendrá desde los cuates. Qué importa que la crisis política se resuelva con cortes estratégicos a ayuntamientos que nos caen gordos, mientras la verdadera crisis, la de salud, lleva al hospital a las personas por lavar sus alimentos con fluidos pastosos con néctar de kk.
Esas son las batallas por el agua en Guadalajara: el gobierno corta, la oposición señala, los municipios se defienden y todos encuentran un culpable. Y, por su parte, los ciudadanos siguen abriendo la llave con una pregunta que ningún partido sabe responder sin propaganda: ¿Esto que sale se puede usar sin disolvernos?
Al final, ni el agua ni la mierda que hay en ella distinguen los colores partidistas. La gente que la sufre, tampoco.
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