Desde 1977 reviso los informes presidenciales. Un compañero de escuela seis generaciones arriba de la mía, Jorge Pulido, colaboraba en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Pasé a visitarlo y me despidió con una caja de siete tomos, los mismos entregados al Congreso. Así empecé el vicio de leerlos y coleccionarlos. He visto evolucionar esa documentación, de un ejercicio auténtico de mostrar cuentas, mostrando en aquel entonces la adopción de presupuesto por programas, a lo que hoy tenemos. Mi favorito, por su gran calidad y cantidad de series de datos, sigue siendo el último informe del presidente Ernesto Zedillo.
El informe se presenta para que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso; lo ordenan el artículo 69 constitucional y el artículo 6 de la Ley de Planeación. La pregunta no es cuánto hizo el gobierno, sino qué cumplió de lo que se comprometió.
Hay un estándar, y es del propio gobierno. El informe trimestral del Banco de México publica un abanico de pronósticos, revisa en qué se equivocó y cierra con un balance de riesgos. Los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública comparan lo programado contra lo observado renglón por renglón. Los Criterios Generales de Política Económica exponen supuestos, corren escenarios y miden sensibilidades. Uno puede discrepar de ellos; son ejercicios serios porque exponen su razonamiento. La diferencia con el informe presidencial no es de talento: el contenido de aquéllos lo detalla la ley y el de éste no. Por eso el 2.° Informe no es rendición de cuentas: es propaganda construida sobre datos ciertos en su gran mayoría.
En sus 764 páginas incluyendo el anexo estadístico encontré cuatro vacíos críticos que merecían un análisis. Crecimiento: la economía creció 0.8% en 2025 y el producto por habitante quedó en niveles de 2017; la inversión cayó a 21.2% del PIB frente a la meta de 25% del Plan México. Empleo formal: 278,697 puestos creados en 2025, el segundo peor año desde 2003, contra una meta de 1.2 millones. Pemex: la extracción de crudo cerró 2025 en 1.367 millones de barriles diarios, 24.6% menos que en 2018. Seguridad jurídica para la inversión: Moody's degradó la calificación soberana en mayo y S&P puso perspectiva negativa; el informe no da cuenta de ninguna de las dos acciones en sus capítulos de finanzas públicas y deuda.
Las finanzas públicas merecen párrafo aparte, y aquí el informe sí ofrece un dato. En la página 35 celebra que al cierre de junio el balance primario presupuestario registró un superávit de 114 mil 569.3 millones de pesos, contra un déficit programado de 132 mil 513.1 millones, como prueba de sostenibilidad fiscal. El 28 de agosto, cuatro días antes de la presentación del informe, SHCP publicó las cifras a julio: ese superávit había caído a 13 mil 129 millones. Un solo mes se llevó 101 mil 409 millones, 88.5% del semestre, y dejó fuera de alcance la meta anual de 178 mil 400 millones. Del lado del gasto, el propio informe reporta que en el primer semestre los subsidios y transferencias crecieron 12.2% real mientras la inversión física caía 7.9%; la función Desarrollo Social se ejerció al 99.9% de lo programado y la de Desarrollo Económico al 67.9%. Cuando el dinero no alcanzó, el ajuste recayó en la inversión, que es lo que impulsa el crecimiento de los años siguientes. Eso es canibalizar el futuro.
Y ahí aparece Pemex. Su balance financiero pasó de un déficit de 11 mil 270 millones a un superávit de 103 mil 64, pero sus ingresos petroleros crecieron 14.0% real y los del gobierno federal 1.8%. No se volvió rentable: el Estado dejó de cobrarle. Con la producción declinando y sin espacio fiscal, hay que tomar decisiones de fondo, a como dé lugar.
También hay que reconocer lo que le ha salido bien hasta ahora: el salario mínimo subió muy por encima de la inflación sin desanclar expectativas ni destruir empleo, y la pobreza laboral cayó a 30.7%, mínimo histórico.
La conclusión es una sola: urge reglamentar en ley el contenido de los informes de gobierno. El artículo 69 ordena presentarlo y el artículo 6 de la Ley de Planeación pide que dé cuenta del plan, pero ninguno fija qué debe contener ni impone consecuencia por callar una meta incumplida. Esa laguna permite presumir el superávit primario de junio sin obligación de advertir que la meta del año ya no se alcanza. La ley debería exigir cuatro cosas: reportar cada meta con línea base, valor comprometido y valor observado; explicar toda desviación y declarar las metas incumplidas; incluir un apartado de riesgos y pasivos contingentes; y que cada cifra lleve fuente y fecha de corte. Y una consecuencia: que la glosa produzca un pronunciamiento del Congreso con requerimientos vinculantes.
No es un asunto técnico. Es de respeto a las y los mexicanos: quien encabece el Ejecutivo federal no puede salirse con la suya, tiene que rendir cuentas. Si hubiera oposición, de esto se estaría ocupando.
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